Fepeco advierte de que la construcción de viviendas e infraestructuras en Canarias "no saldrá adelante"

Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, advierte de que “la realidad que padecemos demuestra lamentablemente que, a pesar del interés y las ganas de los responsables públicos por solucionar la urgencia habitacional y poner en marcha, en todas las islas, un plan integral de infraestructuras y equipamiento comunitario, está siendo imposible, es más utópico, implementarlo, ya que la propia Administración Pública canaria, en sus distintos niveles territoriales, autonómico, insular y local, es la principal entorpecedora, no teniendo la suficiente capacidad o musculatura gestora, ni personal, ni medios materiales, ni ganas, para cumplir con sus obligaciones de servicio publico en tiempo y forma”.

En una nota informativa, Izquierdo señala que “todo se dilata en el tiempo, haciéndolo perder, con los costes añadidos que implica a los empresarios o ciudadanos, sin visos de resolución a corto o medio plazo, poniendo en riesgo la propia supervivencia de las empresas, el empleo y la actividad productiva”.

“Necesitamos urgentemente -dice- que se adopten aquellas medidas normativas y legislativas, que produzcan la anhelada simplificación administrativa, que llevará implícita mayor seguridad jurídica, así como métodos cuantificables y verificables de la productividad de los empleados públicos. El Gobierno de Canarias está tardando, cuando es consciente de la gravedad del problema, en poner en marcha estos ajustes, porque cada día que pasa la recaída aumenta exponencialmente en relación con el desajuste administrativo”.

Señala que “el exceso de una burocracia fallida en Canarias es el problema básico y estructural que estorba una actividad económica dinámica, impidiendo que se cumplan con los objetivos políticos y la demanda ciudadana en relación con la vivienda. El retraso en la concesión de licencias de obra nueva tiene un sobrecoste medio para el comprador de casi 14.000 euros por vivienda. El tiempo medio que tardan en otorgarse las licencias de obra nueva en nuestra Comunidad Autónoma es de 18 meses, a pesar de que la legislación recomienda un plazo máximo de 3 meses para obras mayores, teniendo en la actualidad, en algunos ayuntamientos, algunas con un periodo de tardanza que supera los 36 meses, lo cual desincentiva la iniciativa empresarial, ahuyentando las inversiones”.