El Gobierno canario aprueba un presupuesto de 11.678 millones de euros y aplaza la rebaja fiscal

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europa, Matilde Asián, el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2025, el segundo de la Legislatura y que vuelve a aplazar la política de reducciones fiscales para ayudar a empresas y familias. En acuerdo previo se aprobó el límite de gasto no financiero de 11.678,2 millones de euros, lo que supone 377 millones de euros más respecto a 2024, equivalente a un incremento del 3,3%.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, reunido hoy con carácter extraordinario, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, acompañado por la consejera de Hacienda, destacó que se trata de un presupuesto “orientado a poner a las personas en el centro de la actuación de las políticas de la comunidad autónoma, garantizando el gasto en políticas sociales, y a organizar la forma en la que se ha de abordar el desarrollo de las políticas competenciales de Canarias para el próximo año”.

Alfonso Cabello añadió que todas las administraciones públicas “deberían tener un presupuesto o al menos intentarlo”; por eso espera que el Gobierno del Estado “también lo pueda tener para que las incertidumbres que tiene este presupuesto, y que hábilmente han trabajado desde la Consejería de Hacienda, puedan ser despejadas y puedan verse mejorados si hubiera unas cuentas públicas estatales”.

Por su parte, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha afirmado que son unos presupuestos “prudentes” para preservar el equilibrio estructural y el cumplimiento de las reglas fiscales, pues advirtió que unas previsiones optimistas podrían conllevar a hacer correcciones o retenciones de no disponibilidad en 2025.

Asimismo, indicó que se sigue manteniendo el diferimiento puntual y temporal de la política de reducciones fiscales sustanciales para ayudar a familias y empresas hasta que las incertidumbres se despejen y se puedan conocer con exactitud los recursos disponibles para 2025 y las reglas aplicables a la gestión presupuestaria.

Para Matilde Asián, la presentación de los presupuestos es el “mayor ejercicio de transparencia” que cualquier administración puede ofrecer, por lo que ha querido resaltar el esfuerzo de todos los equipos involucrados para presentar unas cuentas públicas que aporten seguridad en un entorno de incertidumbre económica ‘acumulada’ como el que se viene arrastrando desde la prórroga de los anteriores Presupuestos Generales del Estado.

La consejera hizo hincapié en que, a pesar de que el Gobierno central no ha aprobado la senda de consolidación y desconocer algunas de las magnitudes necesarias para la elaboración del marco presupuestario, el Gobierno de Canarias ha actuado con cautela para preservar el equilibrio estructural y el cumplimiento de las reglas fiscales, dando prioridad absoluta a los servicios esenciales.

“Por lo tanto, y como ya ocurrió en el ejercicio anterior, el grueso del gasto se destinará a educación, sanidad y servicios sociales. A esta terna de prioridades, se une este año el acceso a la vivienda como necesidad social. De esta manera, el Servicio Canario de Salud crece en 220 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,04%. Por su parte, el incremento en Educación se sitúa en el 2,93% con 61 millones más respecto al ejercicio anterior lo que hace un total de 2.154 millones de euros; mientras que la partida destinada a Bienestar Social asciende a 762 millones de euros, casi 59 millones de euros más, lo que supone un incremento del 8,37% respecto a 2024. Respecto a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda refleja un incremento del 11,15%, con una partida de 172 millones de euros.

Matilde Asián ha insistido en que este proyecto de presupuestos es “riguroso” y se ajusta a las reglas de estabilidad previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Por ello, como criterio para su elaboración se ha tomado la última referencia del Programa de Estabilidad del Reino de España, que establece un superávit del 0,1% del PIB para las comunidades y se ha aplicado la tasa de referencia del 3,2% para el límite del crecimiento del gasto computable. A este respecto, la consejera se ha vuelto a referir a la imposibilidad de crecer más de ese porcentaje, independientemente de cuáles sean las cifras de recaudación de la comunidad autónoma, debido a la regla del gasto.

REBAJAS FISCALES

En relación a la política fiscal, el presupuesto de 2025 incluye reducciones en materia de IRPF al establecerse una mejoría general de las deducciones, con incrementos de las cuantías y de los contribuyentes que se pueden beneficiar. También se suprime la deducción por alza de precios, compensando esta eliminación con medidas de ahorro fiscal como el aumento de las cuantías del mínimo personal y familiar; así como la deflactación de la tarifa autonómica en todos los tramos.

La preocupación del Gobierno de Canarias por el acceso a la vivienda de sus ciudadanos se verá reflejada en la mejora de las deducciones para la adquisición o arrendamiento de viviendas. “El acceso a la vivienda es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Las deducciones afectarán a la adquisición y alquiler de viviendas, pero también a la inversión en reformas para sacar una vivienda al mercado del alquiler. En todos los casos, nos referimos a vivienda habitual”, ha aclarado Asián.

También hay novedades en el impuesto del Combustible y derivados del petróleo ya que se determinará la cuantía a devolver a agricultores y transportistas en base al consumo real del combustible y, además, se les permite compatibilizarlos con la bonificación en las islas no capitalinas. Asimismo, se crea el régimen especial de gasóleo industrial para mejorar la aplicación del tipo reducido de este carburante.

El anteproyecto, ya convertido en proyecto de Ley tras su aprobación por el Consejo de Gobierno extraordinario de hoy, se remitirá el próximo día 30 de octubre al Parlamento de Canarias para que comiencen los trámites parlamentarios necesarios que permitan que el marco presupuestario entre en vigor el próximo 1 de enero de 2025.