Jéssica de León en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El Gobierno de Canarias ha remitido al Consejo Consultivo su anteproyecto de ley para regular el alquiler turístico en el archipiélago, un texto que ha incorporado nuevos cambios a petición de los municipios, que podrán dedicar más suelo a la vivienda vacacional siempre que pasen un examen sobre capacidad de carga en cuanto a los servicios públicos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este lunes, la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León (PP), ha explicado que la reserva del 10 % para vivienda vacacional que se establecía en el borrador del anteproyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas se ha flexibilizado para que ciertos ayuntamientos que cumplan una serie de parámetros puedan sobrepasar dicha cifra.
Con carácter general, se mantendrá el 90 % del suelo para uso residencial, pero los ayuntamientos podrán ampliar el peso de la vivienda vacacional si acreditan que sus residentes tendrán “calidad de vida” en aquellos municipios donde se pretenda desarrollar la actividad vacacional.
Se tratará, ha señalado de León, de un estudio simple de capacidad de carga para acreditar que los servicios que se estén dando a la población residente no se vean sobrepasados por la población flotante que albergue dicho municipio en materias como el uso de agua, medioambiente, sanidad, etcétera.
Igualmente, se dará la posibilidad de que sean los cabildos insulares los que tramiten la ordenanza para regular la actividad, una de las medidas más importantes de este anteproyecto de ley, incorporando a su vez que dichos textos del planeamiento urbanístico queden exentos de trámites ambientales, algo que “preocupaba mucho a los ayuntamientos”, según la consejera.
“Creo que las posiciones entre Gobierno y Federación Canaria de Municipios (Fecam) están hoy mucho más cerca”, ha celebrado Jéssica de León.
Además de esta medida, también se han incorporado al texto que ahora analizará el Consultivo otras cuestiones relacionadas con el urbanismo a petición de los municipios y entes insulares, entre las que están diferenciar el nombre al que está la declaración responsable del que explota la vivienda vacacional, o la ampliación del plazo que tendrán los propietarios para manifestar si desean continuar con la actividad, que pasará de dos a cinco años.
De León ha asegurado que, tras el pronunciamiento del Consejo Consultivo, se volverán a reunir con la Fecam y con la Federación Canaria de Islas (Fecai) para “volver a aclarar cuáles son los trámites que corresponden a los cabildos y cuales los que, por competencias, se atribuyen a los ayuntamientos”.
Al tiempo que ha destacado el “esfuerzo” que, en su opinión, ha hecho el Ejecutivo autonómico para “entender que la administración más débil”, en este caso los ayuntamientos, no podían cargar con el grueso del peso de este cambio normativo en cuanto al alquiler turístico.
Una vez que el anteproyecto de ley sea analizado por el Consultivo, que debido al trámite de urgencia tendrá un plazo para ello de 15 días, el Gobierno lo convertirá en proyecto de ley y lo remitirá al Parlamento de Canarias para el trámite legislativo.
Sobre esta llegada a la Cámara legislativa regional, la consejera de Turismo y Empleo ha señalado que espera que los grupos parlamentarios “enriquezcan” el proyecto de ley, ensalzando que desde que se dio a conocer el primer borrador en febrero de este año ha estado “participado siempre” hasta el punto que los partidos “han hecho sugerencias en privado”.
“Todos los grupos nos han hecho sugerencias en privado, y en público no han mostrado sus intenciones respecto a apoyarla o no, pero sí han tenido la posibilidad de participar en cualquier momento”, ha insistido de León.
Sobre las líneas rojas que se marca el Ejecutivo autonómico respecto al trámite parlamentario que se iniciará próximamente, la consejera ha indicado que la actividad turística deberá tener siempre “un reflejo en el planeamiento, como lo tienen el resto de subsectores alojativos”, ya que esa es la “columna vertebral” de la normativa.
Además, ha recalcado que las viviendas de protección oficial no deberán comercializarse como viviendas vacacionales, y como tercera línea roja que no se abrirán a modificar, está que no permitirán que el uso de parcelas residenciales se desvíe hacia la terciarización del suelo.
Es decir, que los edificios no se conviertan en complejos de viviendas vacacionales.
De León ha reconocido que, desde que se dio a conocer el borrador de este anteproyecto de ley, se han inscrito unas 10.000 declaraciones responsables más hasta las 64.000 totales de las que había cuando inició la legislatura, si bien ha matizado que “solo hay unas 48.000” en comercialización.
Además, a partir de este martes se habilitará una página web con información completa para la ciudadanía respecto a la futura ley.
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