Tierra Bonita denuncia que el Gobierno canario "miente" a los afectados del volcán sobre sus gestiones para divulgar las grabaciones del PEVOLCA

El Ejecutivo dio entonces a entender que sí era partidario de que la opinión pública accediera a las grabaciones, pero que existían informes técnicos de la pasada legislatura contrarios a su divulgación y se iba a recabar un nuevo dictamen jurídico.

Tierra Bonita recuerda que  Miranda compareció entonces ante el Parlamento por iniciativa de una diputada de la oposición, Paula Jover (VOX), dado que ya en esa fecha habían transcurrido seis meses desde que el Gobierno canario se comprometiera a revisar esta negativa del Ejecutivo anterior.

En ese pleno de diciembre de 2024, el consejero explicó que había hecho esta solicitud de un nuevo informe, pero no en la forma requerida por los Servicios Jurídicos, por lo que anunció que la volvería a tramitar.

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Sin embargo, en una resolución de la Dirección General de Emergencias dictada este mes de mayo de 2025, como respuesta a un escrito presentado por Tierra Bonita en el que solicitaba copia de ese dictamen jurídico, la Consejería señala que “tal informe no consta exista en este centro directivo, tan solo una petición de informe sobre contenido de preguntas parlamentarias que fue rechazado e inadmitido por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos por defectos en la tramitación de la petición, sin más efecto ni consecuencia posterior”.

Por tanto, Tierra Bonita quiere denunciar que,  contrariamente a lo anunciado en el Parlamento regional a fines de 2024, “Miranda nunca hizo más gestiones, lo que indica que mintió cuando se comprometió públicamente a recabar un nuevo dictamen jurídico con el que intentar transparentar esta documentación”.

“GRABACIONES SECUESTRADAS”

Unas grabaciones que, como pone de relieve esta asociación palmera, “se están ocultando a la sociedad para que no se sepa cómo fue la toma de decisiones que condujo a no evacuar a la población afectada por el volcán antes de que entrara en erupción, lo que la expuso a un riesgo mortal y agravó los daños materiales y psicológicos al no poder salvar enseres, objetos personales ni la vida de animales”.Para Tierra Bonita, “está cada vez más claro que el Gobierno canario actual (CC-PP-ASG-AHI) sigue, en realidad, la misma estrategia de secuestrar actas y grabaciones del PEVOLCA que aplicó el anterior Ejecutivo (PSOE-NC-Podemos-ASG), negando así a la población damnificada una información crucial para defender sus derechos ante los numerosos indicios de que la erupción era inminente y, pese a ello, de manera irresponsable, se decidió no evacuar”.

En cambio, la jefa de Protección Civil del Gobierno canario, Montserrat Román Casamartina,  en sus intervenciones públicas afirma que ha revisado cada vez que lo desea las grabaciones del PEVOLCA para afrontar su defensa y la del Ejecutivo regional antes las críticas y, sobre todo, las reclamaciones judiciales de los damnificados.

LA ESTRATEGIA DE LA DILACIÓN Y EL SILENCIO

Fue en septiembre de 2024 cuando esta asociación presentó un escrito ante dicha Consejería solicitando las actas de los órganos colegiados del PEVOLCA, recordando que el Comisionado para la Transparencia resolvió en 2022 que la sociedad debería tener acceso a esta documentación, aunque esta institución excluyó “las opiniones individuales emitidas por sus miembros”.No hubo respuesta, por lo que el 9 de enero de 2025 la asociación presentó un nuevo escrito en forma de recurso de alzada.

Tampoco este fue respondido, y a mediados de abril pasado Tierra Bonita registró una nueva solicitud, en esta ocasión concretamente para obtener la publicación y acceso íntegro al informe jurídico que durante 2024 el Gobierno de Canarias anunció había encargado sobre las grabaciones del PEVOLCA.

Ha sido finalmente a este escrito de abril al que ha contestado la Dirección General de Emergencias, que, además de confirmar que no existe tal informe —ni en trámite ni elaborado—, ha remitido a Tierra Bonita a un portal web donde se encuentran “todos los contenidos que tienen carácter de información pública” referidos a la erupción volcánica de La Palma en 2021.

https://www.gobiernodecanarias.org/infovolcanlapalma/pevolca/Sin embargo, como ya han comprobado desde hace tiempo las asociaciones de afectados y diversos medios de comunicación, en esta web oficial no figuran actas del comité científico del PEVOLCA, sino unos escuetos informes ya conocidos desde la época de la erupción, sin que consten deliberaciones ni el criterio de cada una de las instituciones científicas que —”pagadas con el bolsillo de la ciudadanía”— componen este órgano.

Al respecto, cabe recordar que en junio de 2024 el Gobierno canario sorprendió al asegurar que no existían tales actas, pese a que son, como las grabaciones, obligatorias según el reglamento del PEVOLCA.

Se da la circunstancia de que la actual comisionada para la Transparencia, Noelia García, ha rechazado la petición por escrito de Tierra Bonita para que revise la decisión de su antecesor, Daniel Cerdán</strong>, y conceda el derecho de los afectados a conocer las deliberaciones del PEVOLCA en aquellos aciagos días, <strong>pese a que ella, cuando era alcaldesa de Los Llanos de Aridane (del PP),  tras la erupción apoyó en el pleno municipal una iniciativa ciudadana cuyo propósito era precisamente que se divulgara esta documentación.Hay que tener en cuenta, además, que el máximo responsable entonces del PEVOLCA era Julio Pérez (PSOE), como consejero del Gobierno canario, y que nombró a Miguel Ángel Morcuende (del PP) director técnico del plan en esta emergencia, quien hoy es alto cargo del Ejecutivo autonómico, como director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, en la Consejería de Transición Ecológica que preside Mariano Zapata (PP),  presidente del Cabildo palmero en la época de la erupción.

Esta asociación palmera también se ha dirigido hace unas semanas al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, con el silencio como respuesta hasta ahora.Llegados a este punto, Tierra Bonita lamenta que el Gobierno canario actual “mantenga una táctica dilatoria, con la que pretende cansar a quienes,  tres años y medio después de la catástrofe, continúan la batalla por conocer la verdad sobre por qué no se evacuó a la población de forma preventiva”.

Pero esta asociación deja claro que no va a cejar en el empeño de que prevalezca el interés público y la vedad, por lo que en los próximos días anunciará nuevas acciones en esta “larga batalla por la transparencia”.