El Gobierno activará por decreto ley la bonificación del 60% del IRPF y 100 millones para abonar el valor de lo perdido

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este viernes tras la reunión de la comisión mixta para la recuperación de La Palma que el Gobierno de España se inclina por incluir en un decreto ley la bonificación del 60% del IRPF y 100 millones de euros correspondientes a 2025 para abonar el valor de lo perdido, que irían fundamentalmente al sector primario.

Torres ha explicado que a la espera de tener “cuanto antes” el informe del Consejo de Estado y las aportaciones jurídicas de los gobiernos central y de Canarias, el objetivo es llevar ese decreto al Consejo de Ministros en la primera quincena de noviembre, y que luego sea convalidado en el Congreso de los Diputados.

El ministro ha aclarado que no será un decreto ómnibus, sino que será “específico, de emergencia”, que tendrá que ver con “los fenómenos naturales adversos”, y ha hecho un llamamiento a todos los partidos para que respalden unas “medidas absolutamente justas” para la reconstrucción posteruptiva de La Palma.

Al respecto, el consejero de Transición Ecológica y expresidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, del PP, ha recordado que el Gobierno ha llevado a las Cortes seis reales decretos, cuatro de ellos que trababan “exclusivamente” de asuntos relacionados con la isla, en los que su partido votó a favor, y en los otros dos, “con otra serie de asuntos”, se abstuvo.

Zapata ha aguardado “a ver qué sucede” hasta la primera quincena de noviembre, “cómo se aprueba, qué contiene”, y ha garantizado que en su partido harán “todo lo posible” porque, si “solo está relacionado con asuntos de La Palma y de Canarias”, cuente con su apoyo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido que el ministro con su anuncio de este decreto haya venido a aportar “certezas” al sector primario de La Palma afectado por la erupción del Tajogaite.

Clavijo ha recalcado que existe “una deuda” con los agricultores del Valle de Aridane, que “aceptaron que se diera prioridad” a las compensaciones para las personas que perdieron su primera vivienda, y ahora se les garantiza que en la primera quincena habrá un decreto ley y que recibirán las ayudas “antes de las Navidades”.

Una vez más, el presidente canario ha reivindicado la coordinación, el entendimiento y “la lealtad institucional” que existe en el archipiélago, lo que acaba dando “mejores resultados”.

Foto de familia de los participantes en la Comisión Mixta de la reconstrucción.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha calificado de “muy importantes” las dos reuniones celebradas hoy en La Palma, una la de la comisión mixta y la otra, la que previamente hubo con representantes del sector platanero.

Ha destacado los pasos dados hasta la fecha en el proceso de reconstrucción, como la puesta en marcha de un marco normativo y un plan de pagos que ha permitido dar cobertura a todas las familias que perdieron su vivienda habitual.

Sobre la recuperación del sector agrícola, ha especificado que hay preparados expedientes por más de 90 millones de euros y que una vez lleguen esos 100 millones de euros comprometidos por el Estado se dará prioridad en el cobro a aquellos que tengan licencias concedidas.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha planteado en el marco de la comisión mixta que ha habido “cierto frenazo” en la llegada de fondos para la reconstrucción de la isla, y que existen “algunas necesidades importantes”, entre ellas poder seguir contratando por la vía de emergencia y evitar agravios comparativos con quienes pudieron recuperar sus caminos y poder reconstruir sus viviendas y fincas.

También ha reclamado la actualización de los convenios para la recuperación de infraestructuras perdidas bajo la lava, pues ha asegurado que el Cabildo de La Palma lleva invertidos más de 23 millones de euros, “muy por encima” del 25% al que se comprometió.

Sobre el particular, el ministro Torres ha recordado que lo habitual es que el Estado se haga cargo del 50%, y ha matizado que si en el caso de la DANA se hizo una excepción y cubrió el 100% fue porque había “una motivación concreta”: la alta cifra de fallecidos que provocó este desastre natural.