Los Llanos de Aridane aprueba una nueva ordenanza para "proteger a las familias en situación crítica"

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane aprobó este jueves, 27 de noviembre, la nueva Ordenanza de Prestaciones Económicas de Emergencia Social, un marco que “permitirá responder de forma más ágil, clara y justa a las familias que atraviesan una situación crítica”. La normativa sustituye a la de 2011 y se adapta a las circunstancias sociales actuales, así como a la legislación vigente en Canarias, según indica el consistorio.

La concejala de Servicios Sociales, Idaira Pérez, señala que la nueva ordenanza pone a las personas en el centro y actualiza una normativa que llevaba catorce años sin revisarse. “Es una herramienta justa, que se abre a todas las excepcionalidades, más clara y más humana, que mejora la capacidad del Ayuntamiento para responder con agilidad y rigor allí donde hace falta”, señala.

La concejala añade que la ordenanza nace del trabajo directo del personal técnico del área, elaborado junto a las trabajadoras sociales que “conocen de primera mano las necesidades de las familias, al tiempo que ha sido revisado y validado por la jurista del Ayuntamiento”. Señala que “este proceso ofrece mayor seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a la institución”.

En este sentido, el alcalde, Javier Llamas, destaca que la aprobación refleja “el compromiso de la corporación con un sistema de apoyo social moderno, transparente y adaptado a la realidad que vive el municipio”. “Esta ordenanza permite proteger mejor a las familias y garantizar que cada recurso público se gestione con responsabilidad”, señala.

La ordenanza regula “cómo se tramitan las ayudas cuando una familia no puede afrontar el alquiler, cuando se corta un suministro básico, cuando una mujer superviviente de violencia de género necesita apoyo inmediato o cuando una situación urgente exige actuar sin demoras”. Para estos casos, el nuevo texto “establece criterios objetivos, procedimientos simplificados y herramientas de acompañamiento que permiten dar respuesta con mayor rapidez y seguridad jurídica”.

El documento incorpora la “perspectiva social” que demanda el municipio: “define quién puede acceder, ordena los tipos de prestaciones, flexibiliza requisitos en situaciones urgentes y refuerza el control del uso de recursos públicos, garantizando un funcionamiento más transparente y eficaz”.