NC tilda de fiasco 'Tazacorte Mar y Lava': "316.636 euros europeos perdidos por incompetencia"

Nueva Canarias denuncia que “el alcalde de Tazacorte, David Ruiz Álvarez, ha perdido 316.636,55 euros de fondos europeos NextGenerationEU por una negligencia sin atenuantes: abrió una licitación para dotar al municipio de mobiliario urbano, contenedores y farolas cuando era materialmente imposible ejecutarla a tiempo. Los vecinos de Tazacorte se quedan sin ese equipamiento. El dinero europeo, perdido”.

La cronología -informan en una nota de prensa- que “arroja la documentación pública no deja margen para la duda. El plazo europeo para tener el suministro instalado era el 15 de junio de 2026, condición inamovible del Hito CID 221 de los fondos PRTR. El Ayuntamiento publicó la licitación el 23 de mayo y fijó como fecha límite para presentar ofertas el 5 de junio a las 23:59. Es decir: cuando las empresas aún estaban preparando sus propuestas, quedaban apenas nueve días para el vencimiento europeo, tiempo insuficiente para adjudicar, contratar, suministrar e instalar absolutamente nada”.

Indican que “el propio decreto que firma David Ruiz Álvarez el 19 de junio lo certifica: era «material y jurídicamente imposible» ejecutar el contrato. Imposible desde el momento en que el alcalde aprobó el expediente. Los 316.636,55 euros deberán devolverse con un interés de demora del 4,0625 % anual, más de 12.800 euros adicionales por cada año que tarde el reintegro. Y no es un caso aislado: este Ayuntamiento acumula un patrón de expedientes PRTR frustrados que Nueva Canarias documenta y seguirá documentando”.

“David Ruiz Álvarez abrió una licitación de 316.636 euros cuando cualquier técnico de contratación podía ver que era imposible ejecutarla a tiempo. El resultado es que Tazacorte pierde ese dinero europeo y los vecinos se quedan sin el equipamiento urbano que ya estaba comprometido y financiado”, afirma Juan Miguel Rodríguez Acosta, portavoz del grupo municipal de Nueva Canarias.

Nueva Canarias exige al alcalde que responda públicamente a tres preguntas: “por qué aprobó una tramitación con plazos que hacían inviable la ejecución desde su inicio; en qué situación se encuentran los demás expedientes PRTR del municipio y si corren el mismo riesgo; y qué medidas concretas piensa adoptar ante lo ocurrido”.