El consejero del PP en el Cabildo, Carlos Cabrera, teme que el Plan Especial Turístico impida la regularización de un número indeterminados de alojamientos alegales por lo que pide que se despeje esa incógnita. "Si la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, permite la regularización siguiendo unos estándares de calidad a determinar, que no vaya a ser el ordenamiento insular el que lo impida".
Cabrera entiende que la situación de estas actuaciones turísticas requiere que cuanto antes se clarifique y se tomen, si fuera necesaria, las medidas adecuadas para que todas los alojamientos que cumplan los estándares de calidad necesarios puedan regularizarse o, por el contrario, salgan del mercado turístico. "La Ley ha dado el primer paso pero se ha de tener en cuenta los preceptos, limitaciones y prohibiciones que el Plan Especial Turístico insular recoja".
El régimen de distancias es sin duda una limitación y "es necesario saber con exactitud en qué medida puede impedir su regularización puesto que la cercanía de estas instalaciones a núcleos turísticos existentes o a actuaciones convencionales propuestas o a otras instalaciones turísticas a implantar, las hace inviable" manifiesta el consejero popular.
Todo esto muestra una vez más que el grupo de gobierno, asegura Carlos Cabrera, no hace los deberes que les corresponde, que no estudia todas las exigencias que marca una Ley que quiere resolver un viejo problema y que, quizá, por no intervenir adecuadamente a tiempo, la haga inservible.
Por tanto, indica el consejero, lo que en definitiva queremos desde el grupo popular es que se nos informe técnicamente si alguna, muchas o pocas, de las 3.533 plazas turísticas irregulares, entendiendo siempre que cumpliendo estándares de calidad, pueden verse afectadas por esa norma del Plan Territorial Turístico. No debemos olvidar que la norma 23, ya anulada y derogada por sentencia judicial, recogía la no aplicación del régimen de distancia a estas instalaciones y eso por algo sería", concluye.
