En el mes de junio de 2010 el número de penas de trabajos en beneficio de la comunidad en la isla de La Palma alcanzó la cifra de 800 expedientes finalizados y 200 actualmente en cumplimiento. Estas cifras se desprenden de los datos aportados por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma.
Durante el año 2007 sólo se recibieron y ejecutaron 40 sentencias de penas de trabajos en beneficio de la comunidad siendo la mayoría por delitos de Violencia de Género. La reforma del Código Penal en materia de Seguridad Vial (L.O. 15/2007, de 30 de noviembre) ha provocado una mayor y significativa implantación de este tipo de pena alternativa a la prisión, así durante los años 2008, 2009 y el presente 2010 la cifra ha alcanzado el millar de comunitarios en la isla de La Palma.
Esta modificación del Código Penal en materia de Seguridad Vial ha permitido ampliar la colaboración existente entre la Administración del Estado, a través del Servicio Social Penitenciario, los ayuntamientos, el Cabildo Insular de La Palma y organizaciones no gubernamentales como Alfa Tango, Ayuda en Emergencias Anaga, Cáritas, Bomberos Voluntarios y Cruz Roja entre otros, puesto que en estas instituciones y organizaciones se ha efectuado el cumplimiento de la penas a través de la prestación social no remunerada de utilidad pública.
Esta cooperación no está retribuida ni supeditada al logro de intereses económicos, por tanto, no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado laboral. Los trabajos realizados no pueden atentar a la dignidad del condenado, permitiéndole que compagine sus obligaciones familiares y socio-laborales con la pena alternativa, gozando de protección en materia de seguridad social en lo correspondiente a la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Los trabajos en beneficio de la comunidad tienen una esencia reparadora, una función reeducativa y una finalidad restitutiva a la vez que ejemplarizante e integradora ya que al cumplirse en libertad evita la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado y proporciona valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común.
Entre los trabajos de prestación social que han realizado figuran labores de mantenimiento, conservación, acondicionamiento y limpieza de mobiliario de jardines y viales públicos en los diferentes municipios, así como servicios auxiliares y ayudas a las organizaciones no gubernamentales. Cabe destacar las tareas de apoyo prestadas en el incendio de Fuencaliente, en la Transvulcania, en los Carnavales, en las Romerías de los diferentes municipios y en la próxima Bajada de la Virgen, así como en numerosos eventos culturales, sociales y deportivos que se han celebrado en la isla de La Palma y que han contado y cuentan con la participación de un considerable número de condenados a trabajos comunitarios.
El director insular de la Administración General del Estado, Alejandro Brito, destaca la importancia del trabajo que realiza el Servicio Social Penitenciario de Santa Cruz de La Palma, que ha soportado un elevado volumen de expedientes generado en estos últimos tres años debido al alto número de sentencias condenatorias que recibe esta unidad, consiguiendo resolverlos y reforzarlos con un amplio y variado catálogo de plazas ofertadas por las Instituciones Públicas y las organizaciones de voluntarios, evitando la prescripción de las penas por no proceder a su cumplimiento en los plazos legales establecidos.
En la actualidad, hay más de 200 condenados que están cumpliendo sus servicios en entidades y organizaciones insulares y otros 100 están pendientes de la entrevista que permitirá la elaboración del correspondiente plan de ejecución de la pena en trabajos en beneficio de la comunidad, Plan que posteriormente se eleva al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Santa Cruz de Tenerife para su aprobación y posterior ejecución.
El 85% de las condenas, corresponde a delitos contra la seguridad vial, otro 10% corresponde a delitos de violencia de género y doméstica y el 5% restante, a otro tipo de delitos y faltas menos graves como hurtos y lesiones. El impago de la multa que se aplica junto a la pena de los trabajos comunitarios por la comisión de un delito contra la seguridad vial, conlleva el aumento del número de horas de trabajos comunitarios a los condenados.
Cuando la tasa de alcohol en aire espirado es superior a 0,60 miligramos por litro; si se conduce bajo las influencias de sustancias estupefacientes o se niegan a someterse a las pruebas legalmente establecidas para detectar el grado de alcoholemia o la presencia de dichas sustancias; así como conducir sin el correspondiente permiso o a elevado exceso de velocidad, están tipificados como delitos, lo que conlleva a poseer antecedentes penales y una sentencia condenatoria que supone la obligación de realizar una media de 32 jornadas en beneficio de la comunidad, a razón de 4 horas diarias, es decir 128 horas de trabajos comunitarios. Además se debe abonar una multa de 1.000 euros, con la consiguiente retirada del carné.
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