Comisiones Obreras denunció hoy la falta de información en la fusión Agrupa-Cupalma y el despido de numerosos trabajadores.
El sindicato Comisiones Obreras, CC.OO, denunció hoy en rueda de prensa "la falta de información, el ocultismo y el hermetismo" que ha envuelto el proceso de fusión de Agrupa-Cupalma cuya primera consecuencia, aseguran, ha sido el despido de al menos 50 trabajadores de la primera empresa.
El secretario provincial de Agroalimentaria de este sindicato, Juan Plasencia, aseguró que ha habido un incumplimiento flagrante del artículo 24 del estatuto de los trabajadores en cuanto a la fusión de empresas puesto que no se ha abierto ningún periodo de consultas, se está despidiendo a los trabajadores y no sabemos nada del proceso de fusión o de compra que se ha puesto en marcha. "Yo diría que presuntamente se está cometiendo la estafa o engaño más grande laboralmente de La Palma", espetó el sindicalista, añadiendo que el comité de empresa no está informado de nada de lo que está pasando entre Agrupa y Cupalma y que se está hablando incluso de que los trabajadores de Agrupa van a pasar a formar parte de la plantilla de Cupalma sin que se haya informado de ello a nadie.
"Cuando hay una fusión, la empresa está obligada por ley a decir las consecuencias jurídicas y de personal que tiene la operación y a día de hoy no lo ha hecho y nos encontramos con el rumor de que posiblemente desde mañana los trabajadores pasen a formar parte de la nueva empresa con la consiguiente incertidumbre para el personal".
Dijo además que ha habido despidos con el ánimo de "amedrentar y achantar la plantilla", como el caso del delegado sindical, Carmelo Pérez, que "se le ha echado por pensamiento y no por nada ilegal porque aparentemente la nueva empresa no lo quiere porque es un hombre vinculado a este sindicato".
Plasencia afirmó por todo ello que esta fusión es mala para La Palma porque se van a perder puestos de trabajo y "por más que se han hecho denuncias y enviado cartas a la empresa para que convocara una mesa de negociación no se ha tenido en cuenta y no se ha dado ninguna información ni a los trabajadores ni a los agricultores sobre esta operación", por lo que anunció que no van a parar hasta que sepa la verdad, hasta que se pongan los números sobre la mesa, de modo que los trabajadores y los agricultores sepan qué futuro les espera porque "aquí se ha actuado impunemente pisoteando el estatuto de los trabajadores, no reconociendo una representación, y teniendo una plantilla que está asustada. Creo que se está haciendo con muy mala fe y eso por nuestra parte va a tener respuesta". "Comisiones no se va a quedar quieta ante la violación del estatuto de los trabajadores y no vamos a permitir que se eche a la gente a la calle", advirtió el sindicalista. Comisione Obreras no descarta emprender acciones legales por este asunto que califica de muy grave.
Por su parte, Ricardo Pérez González, miembro del comité de empresa de Agrupa, se mostró apenado porque no ha podido dar respuesta a las pregunta de los trabajadores y de los agricultores sobre esta fusión por el ocultismo reinante. "Aquí priman los intereses de unos pocos y no los de la mayoría", afirmó, añadiendo que "a estos señores no les importan los 1.172 agricultores de Agrupa ni las 5.000 familias afectadas entre agricultores y trabajadores".
El delegado sindical, Carmelo Pérez, uno de los despedidos por este proceso, denunció que la empresa se ha saltado a la torera la ley y que como consecuencia de los despidos hay familias en situaciones muy graves y viviendo auténticos dramas.
Por su parte, Luis Antonio Pages, vocal de la Junta Rectora de Agrupa y una de las personas que ha interpuesto varias denuncias y una querella contra la empresa por supuestas irregularidades, entre ellas por "el incumplimiento de los acuerdos de la junta rectora sobre la negociación de la fusión" que, según indicó, se llevó a cabo sin autorización de la SAT y sin información ninguna ni a los cosecheros, ni a los trabajadores ni a la junta rectora, relató que ayer mismo prestó declaración en los juzgados de los Llanos por este motivo.
Pages se quejó además de que "nos intentan cambiar de manera forzosa a otra OPP", lo que podría significar un grave incumplimiento de la ley 15 de 1999 de 13 de diciembre de la protección de datos porque "pretenden pasar a los trabajadores de una empresa a otra sin contar con su autorización", y para lo que hay estipulada una sanción que va de los cien a los quinientos millones de las antiguas pesetas. Pages también criticó que por ejemplo que no se sabe nada de la deuda que tiene Agrupa.
Agrupa contaba, cuando empezó el proceso de fusión, con 190 trabajadores y 1.172 agricultores.
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