Unidad del Pueblo se opone totalmente a la privatización de los Aeropuertos de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura anunciada por el ministro José Blanco, y llama a la movilización contra esta medida.
Para esta organización política de izquierda, algo fundamental en un archipiélago como es la comunicación debe constituir un servicio público y no un negocio privado, añadiendo que "la privatización puede llegar a suponer el cierre de aquellos aeropuertos que no sean considerados "rentables", al pasar de ser prioritario el servicio público a serlo el beneficio empresarial". Y afirma que de nuevo "es un gobierno del PSOE quien inicia un nuevo ataque contra los servicios públicos y lleva a cabo una política de derechas con privatizaciones y recortes a los derechos de la mayoría trabajadora".
Para UP, es el Gobierno quien está chantajeando y secuestrando a la población mediante la declaración del estado de alarma, medida que, "en realidad, se había decidido ya antes del paro de los controladores, concretamente en la reunión con los principales empresarios del Estado español donde se decidió, entre otras cosas, la privatización de los aeropuertos y loterías y la supresión de la ayuda de 425 euros a los parados (cuya situación, obviamente, es mucho peor que la de los viajeros que no pudieron volar durante el puente)".
En su opinión, para acelerar la privatización de los aeropuertos y, de paso, crear una cortina de humo sobre la supresión de la ayuda a los parados que perdieron la prestación por desempleo, el Gobierno provoca con un decreto, modificando las condiciones laborales de los controladores aéreos justo el día antes de un puente, a sabiendas que ello generaría un paro de estos, con el consiguiente malestar de los viajeros. "El estado de alarma fue fabricado previamente, pues primero había que crear las condiciones para que la población aceptase la imposición del mismo. El estado de alarma es también una advertencia contra el resto de trabajadores de los aeropuertos (personal de tierra), para evitar que estos realicen protestas contra la privatización aeroportuaria, de ahí que se haya prolongado hasta el día 15 de enero, periodo durante el cual se realizarán los primeros trámites hacia la medida ultraderechista de privatización aeroportuaria que, finalmente, repercutirá negativamente sobre los viajeros y el conjunto de la ciudadanía".
Asimismo, asegura que la campaña de criminalización contra los controladores aéreos está afectando a los trabajadores y personal de tierra, con salarios notoriamente inferiores, corriéndose el riesgo de que sus reivindicaciones no sean comprendidas por la ciudadanía.
Unidad del Pueblo llama a la población a movilizarse contra la nueva dictadura empresarial, contra la supresión de los 425 euros de ayuda a las personas en paro que perdieron la prestación por desempleo, y contra la privatización aeroportuaria y de otros servicios básicos como correos.
