El director insular de la Administración General del Estado en La Palma, Alejandro Brito, lamenta la alarma generada por el Consejo Regulador de Vinos sobre la importación de uvas y deja claro que se están realizando todos los controles fitosanitarios necesarios para evitar la entrada de plagas como la polilla del racimo o la propia filoxera, aunque advierte que esta última enfermedad nunca se ha dado en Canarias.
Brito señaló que aunque la plaza de inspector fitosanitario de la Isla no está cubierta, los inspectores de sanidad vegetal de la Dependencia de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se trasladan a La Palma para realizar dichos controles y garantizar así la seguridad alimentaria de todas las importaciones.
El director insular explicó que la uva que está entrando es de consumo y que está autorizada a venir de la Península. Brito añadió que, además de los controles fitosanitarios que hace la Subdelegación del Gobierno, hay una total colaboración de la Administración estatal con la Consejería de Agricultura del Gobierno canario para que tenga toda la información de la uva que entra para los controles que tenga que hacer sobre calidad, consejos reguladores y demás. Por lo que consideró innecesaria la alarma que se ha generado.
Debido precisamente a la problemática que ha surgido con la entrada de uva foránea, algo que viene sucediendo desde hace años y que se está produciendo estos días, el director general de Agricultura, Tomás Pino, se reúne este viernes en el Palacio Salazar capitalino con el Consejo Regulador de Vinos de la Denominación de Origen La Palma para intentar buscar posibles soluciones a esta situación.
Y es que el presidente del Consejo Regulador de Vino, Juan Crispo, ha reiterado de nuevo a este periódico que es necesario que se ponga freno a la entrada de uva foránea porque puede traer plagas como la filoxera que acabarían con el cultivo en la Isla. Según Crispo, se estima que pueden entrar unos 400.000 kilos de uva sólo en La Palma, una cantidad que puede superar los kilos que se recojan este año de los viñedos palmeros y que se emplea para elaborar vino de mesa que luego se vende como si fuera de La Palma sin serlo, lo que entienden desde el Consejo Regulador que es un fraude para el consumidor. Además, cree que es un caldo que no ofrece garantías.
