El portavoz del PP en el Cabildo, Carlos Cabrera, pide a la Corporación insular que elabore en el plazo de dos meses una normativa de aplicación directa, inmediata y eficaz para regularizar los más de 3.000 alojamientos turísticos existentes en el medio rural.
"La propuesta que hacemos es que sea el propio Cabildo quien elabore una norma reguladora, que tras los trámites oportunos en sede parlamentaria canaria, pueda tener rango de Ley, que permita una regularización sencilla, rápida y eficaz de estos alojamientos cumpliendo unos parámetros de calidad suficientes". Añadiendo que "esta normativa deberá permitir el procedimiento de regularización sin esperar a más adaptaciones ni redacciones de otros planes urbanísticos y territoriales, en tanto que ya tenemos normativa insular suficiente para que esta situación deje de ser un problema y una injusticia".
El político popular indica que más de tres mil plazas se encuentran en esta situación de irregularidad y "no es justo el mantenimiento de esta situación porque todos los que llevan a cabo esa actividad turística en nuestra Isla tienen que cumplir la normativa y estar en el mercado de forma regular" .
"Nuestro deber – asegura Carlos Cabrera- como responsables públicos es que la ley que permite la regularización de estos establecimientos, cumpliendo una serie de exigencias técnicas y de calidad, sirva para el objetivo con que se creó", pues así, dijo, entrarán en el mercado regularmente muchas de ellas y tendrán que cerrar sus puertas la que no cumplan esos estándares de calidad exigibles o que se puedan encontrar en zonas no aptas.
Cabrera apuntó que "ni la Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/2009 que posibilita la regularización de estos establecimientos ni el Decreto 232/2010 que establece los requisitos mínimos que han de cumplir, han obtenido unos logros que puedan considerarse como razonables o suficientes porque esos entramados normativos y las remisiones a planeamientos y adaptaciones futuras prolongan innecesariamente esta situación".
olivares
Los propietarios de estos alojamientos llevan más de diez años intentando que les regularicen estas casas. Teniendo en cuenta que comenzaron a funciona en un momento que eran necesarias para alojar el turismo que despertaba en la isla.
Ni son competencia desleal como se ha querido decir, ni trabajan en negro, pues la mayoría trabajan a través de agencias y cotizan como otros.
Sí han potenciado el turismo y los que conocen el tema opinan que es el turismo adecuado para la isla, gran parte del dinero que gasta que para los palmeros, que supongo también tienen derecho a vivir después haber gastado sus ahorros, teniendo en cuenta que para estas casas no ha habido subvenciones.
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peroquehablas
y los que estan legales ( tambien tienen apartamentos que alquilan ILEGALmente )
donde estas los INSPECTORES ???
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CriteriO
Yo mandaría a la policía a hacer su trabajo.
Es increible que se hable de tres mil plazas alojativas que se facturan en negro tan a la ligera. Para más inri…son mas!
Como premio a los ilegales, se las legalizan…
Y a los que tienen todo legal desde un principio que les hacen??? Les dan las gracias y algo más que cuatro patadas en el trasero???
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soraya
Dicen que" nunca es tarde si la dicha es buena". Llama la atención que el sr. Cabrera nuevamente pida que se regularice algo, que tuvo oportunidad de hacer su partido en anteriores legislaturas. Por ejemplo cuando gobernaba el PP en coalición el Cabildo Insular o cuando era de su competencia la consejería de turismo ( recordemos a Dña Rita Martín).No nos engañemos, este problema de alojamientos ilegales= competencia desleal se viene arrastrando desde hace casi dos décadas cuando comienza el turismo rural en La Palma, no es algo de los últimos meses, y nadie ha querido, o nadie se ha atrevido a solucionar. Evidentemente, los propietarios de estos alojamientos también votan.
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