Horpa deja en la calle a 16 trabajadores que tenían que reincorporarse el día 5

Los 16 trabajadores de Horpa SL afectados por un expediente de regulación de empleo desde el año 2011 tenían que haberse reincorporado el pasado día 5 de septiembre a sus puestos de trabajo y no pudieron hacerlo porque la empresa está cerrada y sin ningún representante que dé la cara. Así al menos lo ha denunciado el secretario general de UGT, Antonio Martel, que además critica que a espaldas de los trabajadores se haya presentado un concurso de acreedores en el que éstos no figuran ni tampoco las cuantías que se les adeudan, lo que considera especialmente grave.

Martel ha lanzado también duras crítica contra el INEM porque "le selló a los trabajadores la nueva demanda de empleo el cuatro de septiembre cuando al día siguiente se tenían que dar de alta", un hecho que a juicio demuestra que "quien tiene que controlar los expedientes no lo hace".

Para el dirigente sindical lo que está sucediendo con estos trabajadores demuestra que la nueva reforma laboral criminaliza a la clase trabajadora para la que no corren buenos tiempos. "La empresa Horpa SL no quiere readmitir a sus trabajadores después de haber engañado a la administración, a los trabajadores y a los sindicatos, esgrimiendo toda clase de argumentos como que "no queremos que desaparezca la empresa, a los trabajadores los queremos como si fueran de nuestra familia, las dificultades son transitorias". "Palabras y más palabras que hoy demuestran que los empresarios son una casta superior pues desvían sus propiedades, cambian la titularidad y cuando hay que afrontar problemas que sea el Estado el que afronte las consecuencias".

Martel se pregunta por qué la empresa no readmite a los trabajadores o como mínimo les comunica cuáles son sus intenciones empresariales con vistas al futuro máxime cuando se les adeudan salarios.

Recuerda Martel que los 16 afectados son padres de familia que están "malviviendo con las presentaciones de desempleo mientras los administradores de la empresa residen fuera de la Isla y el resto de socios ni se pronuncian".

Antonio Martel se pregunta cuándo la administración exigirá el cumplimiento de las estipulaciones recogidas en los ERE y cuándo la administración sancionará a este tipo de empresarios que "han vivido de las subvenciones, han enajenado recursos y luego hacen responsables a las familias de su inoperancia".