Reunión de representantes de las consejerías de Agricultura y Sanidad para abordar la problemática del sector ganadero en La Palma.
Las consejerías de Sanidad y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias asumirán la labor de unificar criterios respecto a la aplicación de la normativa vigente en materia de salud pública en las explotaciones ganaderas de La Palma, e impulsarán un grupo de trabajo con el fin de dar respuesta a las inquietudes del sector.
Así se puso de manifiesto durante una reunión que mantuvo en días recientes la consejera autonómica de Agricultura, Pilar Merino, con los ganaderos de la Isla, a la que asistieron miembros de su equipo directivo, la directora del Área de Salud de La Palma, María Rosa de Haro, y el consejero de Agricultura del Cabildo Insular, César Martín.
En el encuentro, celebrado en la Villa de Mazo, se abordaron los problemas existentes con el Registro General Sanitario de Alimentos, al tiempo que se informó de la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes, que permitirá la regularización de las explotaciones ganaderas en situación de ilegalidad, así como de la modificación operada el pasado mes de mayo en el POSEI.
Con estas medidas, según se puso de manifiesto durante la reunión, el único objetivo del Gobierno es incentivar al productor y que el queso que se elabora en La Palma mantenga su calidad, y según remarcó la consejera, "siga siendo el mejor posible y se comercialice bien".
Se explicó a los asistentes que existe un borrador consensuado entre Sanidad y Agricultura que supondrá dotar a todas las pequeñas queserías de un Manual de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) muy simplificado para que pueda ser aplicable a queserías de pequeñas dimensiones. Se espera que este compendio de buenas prácticas pueda ser presentado después del verano.
El manual, redactado con la participación de la Denominación de Origen Queso Palmero y el Área de Salud Pública de La Palma, actualmente se está aplicando en varias queserías a modo de experiencia piloto, con el apoyo del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
Pilar Merino reconoció la importancia de que ambos departamentos autonómicos trabajen de forma coordinada en beneficio del desarrollo ganadero de la Isla y la seguridad alimentaria, y llamó al entendimiento entre todas las partes implicadas con el fin de consensuar un manual específico para los ganaderos isleños.
A la vista de las dificultades observadas en los controles sanitarios y las inspecciones que se llevan a cabo en las explotaciones, la consejera se mostró convencida de que la solución definitiva pasa por dotar a Canarias de una regulación propia en materia de sanidad animal que recoja las especificidades isleñas.
Los ganaderos indicaron, asimismo, que sus preocupaciones no provienen de las labores de inspección que se realizan, sino que derivan principalmente de la necesidad de mantener un criterio unitario sobre un mismo manual de buenas prácticas que sea flexible y atienda sus necesidades.
En este sentido se expresó la presidenta del Cabildo Insular, Guadalupe González Taño, con quien Merino también se reunió esta semana para tratar el asunto. Ofreció su cooperación e indicó que pondrá a disposición el grupo de trabajo que se constituya todos los medios de que dispone, con el fin de que los ganaderos palmeros se sientan motivados y apoyados.
Regularización de explotaciones
Además, durante la reunión se indicó a los ganaderos que tanto en la Web de la Consejería como en las Agencias de Extensión Agraria de la Isla tienen a su disposición los modelos de solicitud para iniciar el proceso de regularización de sus granjas, y se expuso que este sistema articulado en la Ley de Medidas Urgentes es una prioridad máxima para el Gobierno de Canarias.
Esta ley se aplicará de forma diferente a las construcciones con fecha de instalación anterior o posterior al año 1999, y en el caso de las ganaderías, se tendrá en cuanta la fecha de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas.
Uno de los mayores valores de la cabaña canaria es su buen estado sanitario, libre de las enfermedades que se han extendido por parte de España, como la lengua azul o la brucelosis caprina, ovina y bovina. Esta situación, la calidad de la producción y la aportación que suponen las razas autóctonas de las Islas son los principales objetivos a preservar por las políticas adoptadas por el Gobierno en el ámbito de la ganadería.
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