Los empresarios del Suroeste apoyan la iniciativa del Cabildo para el desarrollo turístico de las 'islas verdes'

Los empresarios del suroeste apoyan la iniciativa del Cabildo para las islas verdes que busca desbloquear el desarrollo turístico en las mismas. En este sentido, indican en una nota que la nueva iniciativa legislativa, de modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, pretende exclusivamente facilitar la implantación de lo planificado hace ya más de dos décadas para La Palma, La Gomera y El Hierro.

“Este pretendido y modesto desarrollo de la economía turística en las islas occidentales, instrumentalizado a través de las innovaciones normativa a la Ley 6/2002 planteadas por el Cabildo Insular de La Palma y los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Socialista, Grupo Popular y el Grupo Mixto, se basa en el más estricto cumplimiento de la legalidad en materia de ordenación territorial y urbanística y especialmente en la normativa ambiental, no desvirtuando el marco específico instaurado para esta islas, sino por el contrario, se aprovecha la oportunidad de la nueva iniciativa legislativa para resolver otros problemas y trabas normativas, puestas de manifiesto a lo largo de estos catorce años de vigencia, que impedían precisamente llevar a cabo los principios esenciales de la propia Ley 6/2002”.

“No se trata  -aseguran-, de sortear el planeamiento urbanístico y territorial, sino precisamente de rehabilitar el planeamiento ya aprobado unánimemente desde hace una década, para permitir su ejecución con la mayor seguridad jurídica que permita ganar la confianza entre los agentes económicos sociales y culturales para propiciar el crecimiento económico necesario”.

En este sentido, indican que las recientes declaraciones de Román Rodríguez calificando esta iniciativa legislativa de “estratagema parlamentaria y atajo fraudulento” denotan un profundo desconocimiento de la realidad de la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro, independientemente de una insensibilidad con la grave problemática socio-económica que presentan al afirmar que lo que se pretende con esta modificación legal es que “con la recalificación de terrenos para construir de golpe hoteles y campos de golf, La Palma se convierte en laboratorio de prácticas del modelo del cemento, del desarrollismo fracasado, de la discrecionalidad, de la colonización del suelo rústico, de la especulación y del pelotazo que promueve Clavijo con su Ley del Suelo”.

Tales manifestaciones, indican los empresarios, por demagógicas, suponen un profundo desconocimiento de la realidad, pues además de los efectos negativos en la economía de La Palma, La Gomera y El Hierro, expresa también un desconocimiento del modelo territorial de desarrollo turístico de estas islas cuando Rodríguez las equipara, según sus propias palabras, a “los pelotazos urbanísticos” realizados en islas turísticas desarrolladas, confundiéndolo con los mecanismos específicos de ordenación que queremos aplicar, basados en la integración paisajística y el respeto medioambiental.

La cota de insostenibilidad económica alcanzada en La Palma, La Gomera y El Hierro, motivada por tasas de desempleo que supera el 30%; una recesión demográfica mantenida en las últimas tres décadas, viéndose abocados a una permanente emigración de la población joven cualificada que supera el 90%; un incremento acelerado del envejecimiento de la población, con una edad media actual de 43,1 años, unido a una baja tasa de natalidad que sitúa la presencia de la población infantil por debajo del 10%; una economía agrícola subvencionada, de exportación, basada en el monocultivo del plátano, y la paulatina destrucción del ya débil tejido empresarial, convierten, dicen los empresarios, esta nueva iniciativa legal, en la “última oportunidad” para la incorporación de la economía turística a estas tres islas occidentales, para contribuir a paliar la fuga de población joven y para el establecimiento de un modelo económico en el que se implique al sector primario en las rentas del turismo.

Por último, el colecitvo empresarial demanda a los Grupos Parlamentarios de Nueva Canarias y Podemos, a través de los diputados Román Rodríguez y de Asunción Delgado respectivamente, una dosis mínima de “solidaridad” para conseguir equiparar y repartir las rentas turísticas producidas en el archipiélago entre todas las islas, así como la elemental sensibilidad que un parlamentario canario ha de tener con todo el territorio insular y con las tres islas occidentales en particular, precisamente por las dificultades que atraviesan.

“No demandamos ni tutelas ni protección de las islas mayores, económicamente hablando, sólo pedimos que nos dejen explotar nuestros recursos turísticos de un modo sostenible y responsable, con el objetivo fundamental de conseguir que las plusvalías y rentas derivadas de la economía turística permanezcan en estas islas occidentales, alcancen el mayor grado de distribución y reparto entre la población, y que el control de dicha economía resida en un alto porcentaje en la población local y fundamentalmente en las entidades y sociedades agrarias, cuya incorporación al desarrollo turístico se entiende fundamental y necesario”.