Las organizaciones empresariales de La Palma, La Gomera y El Hierro se unen para defender la modificación de la Ley Turística

La Federación de Empresarios de La Palma (Fedepalma), la Asociación de Empresarios de La Gomera (Cepyme La Gomera), la Asociación de Empresarios de El Hierro (Apyme El Hierro), la Delegación en La Palma de la Cámara de Comercio y el CIT Insular de La Palma, se han unido para defender la modificación de la Ley Turística que propicie el desarrollo socioeconómico de estas tres islas.

En ese sentido, demandan la solidaridad política de todas las fuerzas con representación en el Parlamento de Canarias para conseguir equiparar y repartir las rentas turísticas producidas en el Archipiélago entre todas las islas, así como la “elemental sensibilidad que un parlamentario canario ha de tener con todo el territorio canario y con las tres islas occidentales en particular, precisamente por las dificultades que atraviesan”.

La patronal recuerda que con la aprobación, hace más de una década, de la ‘Ley de Moratoria Turística’, las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, con un manifiesto y exiguo peso turístico, lastradas por una prolongada problemática socioeconómica, se vieron perjudicadas por su inclusión en la misma, frenando de raíz su débil e incipiente crecimiento turístico al no haber tenido en absoluto el importante crecimiento de plazas alojativas de las restantes islas. A pesar de la publicación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística para estas tres islas, que “significaba el abandono de una injusta moratoria turística que se nos había impuesto por Ley y el ansiado y esperado desarrollo turístico específico y diferenciado bajo un modelo territorial caracterizado por el rechazo a la urbanización turística convencional y al desarrollo mediante planes parciales, apoyándose en el medio rural y el paisaje como soporte y recurso en que sustentarían las actuaciones turísticas, las esperanzas puestas en esta normativa se esfumaron ante las enrevesadas trabas que encerraba su normativa, cuya formulación se realizó bajo la reiterada y responsable advertencia respecto a las necesarias cautelas para evitar la destrucción de las islas occidentales”.

Hoy, con una perspectiva de catorce años, en La Palma, La Gomera y El Hierro se plantean, indica la patronal, si aquella innovación normativa obedeció a la defensa del medioambiente insular, o realmente fue para evitar el más mínimo desarrollo e implantación de un modelo turístico y económico, por muy responsable y sostenible que se presentase.

Mientras, en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, con sus planeamientos aprobados y numerosas iniciativas turísticas y de infraestructuras de ocio en trámite de autorización, que se fueron desarrollando a lo largo de los años de la moratoria, se producía el mayor crecimiento turístico de Canarias.

Los efectos inmediatos de esta novedosa Ley Específica, dicen desde la patronal, están a la vista: “No se ha podido implantar ni un solo proyecto turístico en la última década en la Isla de La Palma”.

“Hoy -añade- se torna necesario y urgente adoptar las medidas legales necesarias para facilitar la implantación del modelo turístico cuya validez y vigencia permanezca, máxime con el agravamiento de la problemática socioeconómica que lastra a estas islas desde hace más de tres décadas, con el mayor índice de paro de Canarias, la menor renta por persona, una enorme regresión demográfica, un excesivo nivel de envejecimiento de la población y una expulsión sistemática de población joven muy cualificada”.

La patronal defiende que la nueva Iniciativa Legislativa de modificación de la citada Ley 6/2002, de 12 de junio, pretende exclusivamente facilitar la implantación de lo planificado hace ya más de dos décadas. Este pretendido y modesto desarrollo de la economía turística en las islas occidentales, instrumentalizado a través de las innovaciones normativa a la Ley 6/2002, planteada por el Cabildo Insular de La Palma y los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, Partido Socialista, Partido Popular y Grupo Mixto, se basa en el más estricto cumplimiento de la legalidad en materia de ordenación territorial y urbanística y especialmente en la normativa ambiental, no desvirtuando el marco específico instaurado para estas islas, sino por el contrario, se aprovecha la oportunidad de la nueva iniciativa legislativa para resolver otros problemas y trabas normativas, puestas de manifiesto a lo largo de estos catorce años de vigencia.

No se trata, indica, de sortear el planeamiento urbanístico y territorial, sino precisamente de rehabilitar el planeamiento ya aprobado unánimemente desde hace una década, para permitir su ejecución con la mayor seguridad jurídica que permita ganar la confianza entre los agentes económicos, sociales y culturales para propiciar el crecimiento económico necesario.

Entiende en este sentido, que las recientes declaraciones de Román Rodríguez calificando esta Iniciativa Legislativa de “estratagema parlamentaria y atajo fraudulento” denotan un profundo desconocimiento de la realidad de la isla de La Palma, La Gomera y El Hierro, independientemente de una insensibilidad con la grave problemática socioeconómica que presentan al afirmar que lo que se pretende con esta modificación legal es que “con la recalificación de terrenos para construir de golpe hoteles y campos de golf, La Palma se convierte en laboratorio de prácticas del modelo del cemento, del desarrollismo fracasado, de la discrecionalidad, de la colonización del suelo rústico, de la especulación y del pelotazo que promueve Clavijo con su Ley del Suelo”.

Tales manifestaciones, considera la patronal, por demagógicas, suponen un profundo desconocimiento de la realidad, pues además de los efectos negativos en la economía de La Palma, La Gomera y El Hierro, expresa también un desconocimiento del modelo territorial de desarrollo turístico de estas islas cuando Rodríguez las equipara, según sus propias palabras, a “los pelotazos urbanísticos” realizados en islas turísticas desarrolladas, “confundiéndolo con los mecanismos específicos de ordenación que queremos aplicar, basados en la integración paisajística y el respeto medioambiental”.

Esta nueva iniciativa legal, insisten estas organizaciones empresariales, es la última oportunidad para la incorporación de la economía turística a estas tres islas occidentales, para contribuir a paliar la fuga de población joven y para el establecimiento de un modelo económico en el que se implique al sector primario en las rentas del turismo.

La patronal de las tres islas occidentales anima al resto de organizaciones empresariales de las Islas a unirse a esta petición, a la vez que solicitan que cualquier propuesta que se realice en el seno del Parlamento de Canarias se haga contando con los empresarios de las islas no capitalinas y con las organizaciones empresariales más representativas de las mismas.