ASCAV denuncia que ni una sola vivienda vacacional se ha regulado en la Isla por el bloqueo del Cabildo

ASCAV, la Asociación Canaria del Alquiler VacacionaL, denuncia públicamente el “agravio comparativo” que sufren los propietarios e intermediarios palmeros por parte del Cabildo Insular de La Palma a regularizarse, ya que “se sigue actuando en esta isla como si el este Decreto 113/2015 no fuese de aplicación regional”. Tanto es así, indica, que desde el 28 de mayo del 2015, fecha en la que entró en vigor el Decreto que regula la Vivienda Vacacional en Canarias, no se ha reconocido y regulado en La Palma ni una sola vivienda vacacional, aún reuniendo los requisitos exigibles por la normativa.

ASCAV asegura que lleva tiempo advirtiendo a la Consejería de Turismo de esta situación irregular. “No se trata de un caso genérico de las islas menores, ya que tanto en La Gomera como en El Hierro los respectivos Cabildos están acatando la normativa autonómica”, indica.

No menos sorprendente es, afirma, que el Cabildo de La Palma es “el único que ni siquiera dispone del formulario de comunicación previa de alta en esta actividad, lo cual manifiesta abiertamente el poco o nulo interés institucional de que los palmeros se regularicen”. De acuerdo a declaraciones de socios palmeros de ASCAV, “incluso se les advierte por parte del Cabildo que no la presenten, bajo advertencias de que pueden ser sancionados posteriormente”.

La Palma cuenta actualmente con más de 4.000 camas en modalidad de viviendas vacacionales, siendo precisamente éstas, dice la asociación, las que justifican los vuelos charter a esta Isla.

Los motivos que se alegan por parte de la Corporación insular son que La Palma dispone de un plan territorial distinto al resto de las islas y por tanto entienden que no es de aplicación la normativa autonómica. Un dato que esta asociación considera “curioso”.  Por otro lado, manifiestan desconocer lo qué están haciendo otros cabildos y afirman que tendrán que estudiar si para ellos es aceptable y suficiente o no la documentación exigible por la normativa regional.

Según Ascav también alegan desde el Cabildo insular que no disponen de modelo de solicitud para la regularización de las viviendas y que aceptan que el ciudadano haga el acto de comunicación previa de inicio de actividad, que recogen sin que ello implique la explotación y puesta en alquiler de su propiedad de manera lícita y con el visto bueno del Cabildo.

Ascav anuncia que ya ha tomado cartas en este asunto en pro de los socios palmeros que representan y ha solicitado formalmente con fecha 18 de julio  a la Consejería de Política Territorial, instrucción aclaratoria para dar seguridad jurídica en la aplicación del Decreto 113/2015. “No es de recibo, que los derechos y obligaciones respondan a diferentes criterios por parte de la Administración. En todo caso, Ascav entiende y defiende que siempre tiene que prevalecer una norma autonómica sobre cualquier plan insular.

Mientras tanto, es Ascav la que facilita a sus asociados un formulario de comunicación previa de inscripción en el Registro General Turístico, que el Cabildo de La Palma está obligado a recoger y que, por tanto, da por finiquitado el acto comunicado a las Administración competente en referencia al inicio de una actividad, tal y como establece la Directiva Bolkestein.