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El Gobierno de Canarias declara catástrofe agrícola la zona del incendio de La Palma

Esta calificación, realizada tras el análisis de pérdidas, es necesaria para poder tramitar las ayudas del Programa de Desarrollo Rural destinadas a paliar los daños de catástrofes

El incendio de agosto afectó a zonas cultivadas.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha decidido declarar catástrofe agrícola la zona que fue afectada por el incendio que se registró en La Palma este verano, un suceso que afectó a algunas explotaciones e infraestructuras realizadas en el entorno rural de esas fincas. Según se explica desde el Ejecutivo autonómico, esta declaración es necesaria para poder tramitar las ayudas que el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 destina a cubrir daños por desastres naturales y catástrofes.

En concreto, la medida ‘Apoyo a la inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción dañados por desastres naturales, del PDR 2014-2020, establece que la ayuda destinada a este tipo de actuaciones “quedará supeditada al reconocimiento oficial por parte de la consejería competente del Gobierno de Canarias “de que se ha producido un desastre natural y que dicho desastre ha causado la destrucción de, al menos, el 30% del potencial agrícola correspondiente”.

El primer informe remitido por el Cabildo de La Palma al Ejecutivo autonómico, que ha servido de base para realizar la declaración y así poder empezar el trámite de ayudas, sitúa en el 57% la pérdida media de potencial de producción, lo que incluye esta catástrofe en las ayudas contempladas en el PDR para situaciones de este tipo.

La partida para estas ayudas está destinada a la realización de inversiones tanto en explotaciones como en infraestructuras agrarias de titularidad pública o privada, dirigidas a la reposición de daños ocasionados por una catástrofe como el incendio registrado este verano.

En concreto, la submedida establece entre las actuaciones que se pueden llevar a cabo la reposición de los daños en medios y estructuras de producción de las explotaciones agrarias, y obras de reparación de las infraestructuras agrarias de titularidad pública o privada. De esta forma, las administraciones locales podrán acogerse también a estas ayudas para realizar las actuaciones necesarias en el entorno rural de los municipios afectados.

La intención es iniciar el trámite de estas ayudas lo antes posible, puesto que, tal y como han manifestado los expertos y refleja el informe del Cabildo, muchas de las infraestructuras dañadas hicieron una importante labor de cortafuego durante el incendio, ayudando así a evitar su avance.

De esta forma, esta línea del PDR no servirá solo para paliar las pérdidas que han registrado sino que será una herramienta para mejorar zonas con mayor riesgo de sufrir este tipo de catástrofes.

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