Mercadillo de Puntagorda.
El Cabildo de La Palma ha aprobado un acuerdo institucional, respaldado por todas las fuerzas políticas, que insta al Gobierno de Canarias a cobrar una única tasa de 71,36 euros con el criterio de persona física o jurídica, incluyendo en el pago único las diversas actividades de productor, elaborador-envasador y comercializador ecológico.
En la actualidad, cualquier persona física o jurídica que tenga interés en producir, transformar, elaborar o envasar alimentos de origen agrario con el fin de comercializarlos utilizando los términos ecológico, biológico u orgánico y sus abreviaturas, tendrá que solicitar la inscripción en el Registro de Operadores de Producción Ecológica de Canarias (ROPE) que gestiona el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) del Gobierno de Canarias.
Existen tres Registros de Producción Ecológica: Registro de operadores titulares de empresas agrarias de producción: productores agrícolas y ganaderos, incluidos apicultores, y recolectores silvestres; Registro de operadores titulares de industrias de elaboración, envasado y comercialización de productos ecológicos certificados: elaboradores y comercializadores, y Registro de operadores titulares de empresas importadoras de países terceros y de empresas exportadoras a países terceros.
Para solicitar la inscripción en cualquiera de las secciones del ROPE, el operador deberá cumplimentar los documentos de solicitud de inscripción en la sección que corresponda y los que vayan a realizar más de una actividad tendrán que inscribirse en cada una de los registros correspondientes.
El Cabildo de La Palma, consciente de esta realidad, haciéndose eco de las demandas de varios agricultores ecológicos y uniéndose a lo acordado en la reunión de la Mesa Insular de la Agricultura Ecológica celebrada el 30 de agosto, solicita que se cobre una única tasa por todas las actividades controladas por el ROPE en Canarias.
Desde la Corporación Insular destacan el auge que está experimentando la agricultura ecológica en La Palma en los últimos años, con el aumento del número de operadores inscritos en el ROPE, llegando a la cifra de 301 en la actualidad, siendo la segunda isla en operadores, de los que son 257 productores, 13 comercializadores y 31 industrias.
Defienden que con la consecución del planteamiento que se hace, se favorecería, entre otros aspectos, el aumento de puntos de venta directos en fincas, nuevos puestos en los mercadillos del agricultor y comercios de venta directa con productos frescos y de temporada de máxima calidad, contribuyendo a aumentar las superficies de cultivo y la oferta de las producciones ecológicas locales.
Además permitiría el desarrollo de las pequeñas agroindustrias locales, donde el envasado y la transformación ofrecen un valor añadido a las producciones y un aprovechamiento de las categorías inferiores. Además de que contribuye a la diversificación de las actividades del sector y como fuente de creación de empleo.
Las nuevas incorporaciones al sector de colectivos desfavorecidos y con riesgo de exclusión social con fórmulas de asociacionismo o autoempleo. Incentivando la recuperación de fincas abandonadas, la transformación de los excedentes y vendiendo sus propias producciones.
“Son muchos los agricultores, ganaderos o transformadores agroalimentarios de La Palma que ven en la acreditación ecológica de sus productos una vía para el mantenimiento de su viabilidad ante la competencia por las importaciones a precios imposibles, a la vez que se preserva la diversidad biológica, la productividad, la capacidad de regeneración y la vitalidad tanto en el presente como en el futuro sin dañar otros ecosistemas”.
Por lo que indican que “no parece lógico que quienes están produciendo con técnicas de cultivo no contaminantes, reducen el consumo de insumos exteriores, aprovechan los subproductos orgánicos de origen local y contribuyen considerablemente a reducir las emisiones de CO2, sean los que están pagando por desarrollar su actividad”.
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