Acuerdo institucional para modificar el REA en apoyo de las producciones locales

El Pleno del Cabildo de La Palma aprobó en días pasados un acuerdo institucional en la que se solicita al Gobierno de Canarias y del Estado la mejora de las ayudas a las producciones agrarias locales mediante la revisión del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).

En ese sentido, se solicitará al Gobierno de Canarias que realice los trámites necesarios para que se modifiquen y se fijen los balances existentes en el REA a los niveles de ejecución reales alcanzados. Ya que el propio Régimen Específico de Abastecimiento establece que las cantidades de los productos que se acogen al mismo tienen que ser las estrictamente necesarias para el suministro de las regiones ultraperiféricas.

Asimismo, se solicitará al Gobierno de Canarias que realice los trámites necesarios para que, como ya se ha hecho en el año 2012, en el cual se han podido transferir desde el programa REA seis millones de euros a otros programas de ayudas a la producción local, se destinen los excedentes de la ficha presupuestaria del REA al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

Por último, también se solicitará que, en ningún caso, la mejora de la ficha presupuestaria destinada al incremento de las ayudas a subsectores como, por ejemplo, el ganadero, el vitivinícola, el tomatero o el de las flores y plantas suponga una merma de las cuantías que actualmente se destinan, dentro de estos programas, al subsector platanero.

Estas peticiones se justifican ante la entrada en vigor, el pasado 21 de marzo, del Reglamento que establece medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión. Entre otras novedades, dispone que en la aplicación del REA se tendrán en cuenta, en particular, las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas y, cuando se trate de productos destinados a la transformación o de insumos agrícolas, los requisitos de calidad.

Asimismo, se especifica tener atención a los flujos comerciales con el resto de la Unión; el aspecto económico de las ayudas previstas, y la necesidad de garantizar que la producción local existente no resulte desestabilizada ni obstaculizada en su desarrollo.