La Diputación del Común: Democracia y Ciudadanía

Navegar a contracorriente no es nada fácil. No lo es en absoluto en los entornos autoritarios, pero tampoco es siempre sencillo en ámbitos formalmente democráticos. La ciudadanía sola ante una Administración que no siempre es lo sensible, eficaz y abierta que se espera, precisa de un interlocutor en la defensa de sus derechos y libertades.

De alguna manera ese es el papel que ha venido jugando la Diputación del Común durante sus más de cuatro décadas de vida en la comunidad autónoma. El Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, cuyo papel ha permitido profundizar en la cultura democrática en una comunidad autónoma donde su población, desde el inicio de la democracia, debía profundizar en aquellas claves que el primer Diputado del Común, Luis Cobiella, marcó como capitales: la conciencia de derecho y la libertad de acción.

Más allá de las razones históricas que justifican que la sede principal se encuentre en La Palma, vinculada al conocido como ‘Pleito de los Regidores Perpetuos’, que convirtió a Santa Cruz de La Palma en el germen de la democracia en España, el hecho de su descentralización territorial, en una comunidad que pivota principalmente sobre las dos islas capitalinas, forma parte también de esa naturaleza a contracorriente que define su ser. Con un papel crítico, encargado en cierta forma de pasar el cepillo a contrapelo a decisiones o falta de acción de la Administración, dando la palabra a la ciudadanía y en defensa del pueblo, como comúnmente se conoce esta institución en España.

Humilde en sus primeros pasos. La primera sede de la Diputación del Común fue la propia casa de Luis Cobiella, en el camino La Dehesa de Santa Cruz de La Palma, para pasar posteriormente a ocupar la cuarta planta del Cabildo hasta que definitivamente se instaló en la sede principal que hoy ocupa en la calle 0’Daly, este organismo tiene presencia en todas las islas para facilitar el acceso a la ciudadanía.

La Diputación del Común tiene ahora al frente a una mujer, otro hito en la historia de este organismo, que ha contado con 6 hombres como defensores del pueblo desde 1985 hasta la llegada de María Dolores Padrón en 2024. La primera Diputada del Común, que reflexiona en esta entrevista sobre diversos aspectos relevantes del papel que desempeña a la hora de seguir construyendo una sociedad más libre, justa e igualitaria en el Archipiélago.

– ¿Qué papel cree que ha jugado y juega la Diputación del Común en la cultura democrática de Canarias?

“La Diputación del Común para mí ha sido una institución fundamental en la consolidación de los derechos democráticos. Para aquellos que entendemos que la democracia no se reduce solo al voto en una urna. Es evidente que la Diputación del Común o lo que son las defensorías del pueblo, tampoco se reducen a un trámite administrativo, sino que se plantea desde la escucha, desde la rendición de cuentas y la protección frente al abuso de poder. Y eso hay que hacerlo día tras día. Por lo tanto, se convierte en un instrumento de garantía para el respeto de los derechos fundamentales. Asienta un modelo democrático que va más allá del voto y que se centra en la persona, en la escucha, en cómo lo hacen las administraciones y cómo se reclama para garantizar esos derechos fundamentales que garantiza la Constitución española y todas las demás leyes que luego han derivado de la misma y del sistema democrático que nos hemos dado entre todos. Por eso los defensores del pueblo son tan importantes a la hora de mantener una cultura democrática viva y hacer partícipes a las personas y saber que tienen un órgano al que acudir para que sus derechos, los derechos fundamentales, se respeten.”

– ¿Cree que la ciudadanía ha encontrado en esta institución un órgano de representación y un cauce eficaz para atender sus necesidades?
“La ciudadanía necesita conocer la institución. Lo que no se conoce no se usa. En sus inicios, el primer Diputado del Común, Luis Cobiella Cuevas, imprimió un espíritu que iba más allá de la queja, como se refleja en su libro Juan Canario, los derechos humanos y el Diputado del Común: la persona que acude no es un expediente, es alguien que participa en la resolución de los problemas. Después Arcadio Díaz Tejera reforzó esa idea de sembrar cultura democrática. Queda trabajo por hacer. La eficacia no se mide solo por trámites burocráticos y administrativos, sino por la escucha, el seguimiento, la rendición de cuentas y la protección frente al abuso. La ciudadanía tiene que constituirse en sujeto activo, porque el espíritu democrático hay que sembrarlo en cada generación si no queremos poner en riesgo la institución.”

– ¿Han evolucionado las problemáticas sociales que aborda la Diputación? ¿Cuáles son ahora las principales reclamaciones?
“Las problemáticas sociales han cambiado con el tiempo, y la Diputación del Común ha tenido que adaptarse a realidades cada vez más complejas. Sin embargo, el fondo sigue siendo el mismo: garantizar que los derechos de la ciudadanía se respeten cuando la Administración no actúa con la diligencia o la sensibilidad necesarias. Hoy muchas reclamaciones están relacionadas con la vivienda, la dependencia, los servicios sociales, la sanidad o las demoras en la tramitación de expedientes. Son cuestiones que afectan directamente a la vida diaria de las personas y que, en muchos casos, generan una sensación de desprotección.
La Diputación interviene supervisando esas actuaciones, analizando posibles disfunciones y formulando recomendaciones que permitan corregir fallos y mejorar el funcionamiento público. A través de sus informes e inspecciones no solo se atienden situaciones individuales, sino que se detectan problemas estructurales que requieren cambios más amplios. En una sociedad más exigente y más consciente de sus derechos, la función de vigilancia y garantía cobra todavía más relevancia. Porque no se trata solo de resolver un caso concreto, sino de fortalecer el sistema para que funcione mejor para todos”.

– ¿Qué sentido tiene que la sede central de la Diputación del Común esté en La Palma?
“Para nosotros es una demostración de que el poder no debe estabilizarse en un sujeto administrativo. No es una anomalía administrativa que esté en La Palma, sino la constatación de que los equilibrios territoriales son necesarios en un territorio insular y que las democracias más avanzadas no se basan en la centralización.”

– ¿Ha tardado demasiado tiempo en que una mujer se ponga al frente de la Diputación?
“Estos 40 años nos hablan del desarrollo de la cultura democrática. No tiene sentido el desarrollo de una cultura democrática dejando a un lado a la mitad de la población. En este sentido, no hay que verlo como una concesión, sino como una consolidación democrática que haya mujeres que llegan y no como una excepción, sino como una normalidad dentro del sistema democrático.

Por lo tanto, no quiero que se vea como una excepcionalidad, sino como una normalización dentro de la cultura democrática. También nos habla de que los pilares del patriarcado aún hay que moverlos más allá de las leyes y que hay que afianzar toda la estructura de las defensorías del pueblo para que el talento de las mujeres y la capacidad también entren. Es difícil que después de 40 años con una estructura diseñada con un modelo masculino, pues evidentemente hay resistencia y cuesta muchísimo adecuar la institución a los nuevos planteamientos y a las nuevas miradas que traemos desde el feminismo, que no es más que la consolidación de la cultura democrática, que ya nos hemos dado en la Constitución y todo el Estado de derecho en la práctica y, por tanto, donde debemos adecuar la estructura para que funcione con normalidad.”