El Juzgado condena al Ayuntamiento de Santa Cruz por vulnerar derechos fundamentales de un policía local

La Plataforma de Trabajadores de la Administración Local informa de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma por vulnerar derechos fundamentales de un policía pocal, “dejando nuevamente en evidencia las irregularidades que se están cometiendo en consistorio de la capital palmera”, asegura en un comunicado dicha Plataforma.

Dicha demanda fue planteada por el agente, que su vez es representante de los trabajadores, debido a la “discriminación laboral a la que se ha visto sometido a raíz de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por el conocido caso de “la desaparición de multas de tráfico”. El escrito del recurso contencioso administrativo tuvo registro de entrada el 17 de marzo de 2017, argumentando la existencia de “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, por haber trasladado de manera arbitraria a dicho agente policial de la unidad de motorista en la que se encontraba adscrito”.

En  consecuencia,  el Juzgado nº3 “considera que existe vulneración del derecho fundamental reconocido en el art. 24 de la Constitución Española,  en su dimensión de garantía de indemnidad pues el cambio de la unidad de motorista a la unidad de seguridad ciudadana ha venido motivada como represalia al ejercicio por el recurrente de sus derechos. Y, por ello, procede la estimación integra del recurso con la consiguiente anulación del acto administrativo impugnado y, ordenando a la Administración demandada que cese en la actuación de vulneración del derecho fundamental alegado”.

La Plataforma recuerda que la “nefasta gestión de la administración no es una novedad, ya que anteriormente el Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife dictó otra sentencia en el 2016, por vulnerar también derechos fundamentales ante la denuncia formulada por el mismo agente de policía, al ponerse de manifiesto el acoso laboral que venía sufriendo por parte del Jefe de la Policía, “persecución” consentida por el regidor municipal Sergio Matos Castro, que incluso tuvo que comparecer a prestar declaración en la vista oral del juicio”. Dicha demanda, indica, resultó en una “condena a la administración, así como a la indemnización económica del demandante, gastos que deben pagar ahora el pueblo, teniendo que añadir los gastos de la asistencia de un letrado externo en la defensa de un codemandado, así como los gatos de otro abogado externo que representaba a la administración”.

Desde la Plataforma de Trabajadores de la Administración Local, denuncian la falta de “talante” y “pasotismo” del alcalde de Santa Cruz de La Palma, ya que “el agente de policía ha intentado solucionar siempre estas cuestiones en reuniones para evitar con ello tener que acudir a los órganos judiciales, siendo infructuosas, por lo que son nuevamente los ciudadanos de la capital los que deben pagar las costas judiciales de esta reciente sentencia al estar condenada nuevamente la administración local, añadiendo otros costes, como son: los pasajes de avión de los testigos, dietas, etc…”.

“No existe ningún género de duda en llevar este caso por la vía penal – indica la Plataforma- al considerar que existen elementos suficientes para dirimir responsabilidades”, añadiendo que “el acoso y derribo se ha traducido en apertura de expedientes masivos por parte del Jefe de la Policía”, entendiendo esta Plataforma que pudiera existir un “abuso de poder y de atribuciones que le confiere la Ley”.