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Municipios

CC exige que la indemnización por la planta de asfalto la pague la alcaldesa y los concejales que no recurrieron el primer fallo judicial

Rodríguez Marín.

El Comité Local de Coalición Canaria de Los Llanos de Aridane, después de analizar las declaraciones del portavoz del grupo de Gobierno sobre la sentencia de la planta de asfalto, “se sorprende de la alegría y el triunfalismo con el que manejan el dinero de los contribuyentes, al atreverse a celebrar que sólo se tienen que pagar 176.000 de indemnización, que al fin y al cabo saldrán de las arcas municipales”.

Los nacionalistas indican en un comunicado que “para entender los hechos hay que remontarse al mes de octubre del año 2012, momento en el que la alcaldesa, Noelia García, ante la sentencia de la sala número uno del juzgado de lo contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife, sobre la licencia de instalación de una planta de producción de aglomerado asfáltico, decidió no recurrir la misma, con lo que la citada sentencia adquirió firmeza”.

“Esa decisión la tomó a sabiendas que tenía un informe emitido, a petición de la propia alcaldesa, por el representante jurídico del ayuntamiento, en el que advertía de las graves repercusiones que entrañaría la decisión de no recurrir la sentencia emitida en primera instancia, teniendo incluso la posibilidad de dictar una medida cautelar mientras no se resolviera el recurso. La decisión de no recurrir la sentencia conllevaba a que el ayuntamiento asumiría una futura responsabilidad patrimonial, con las consiguientes indemnizaciones, algo que se ha venido a demostrar a pesar de las advertencias que tanto el letrado como del grupo municipal de Coalición Canaria hicieron en su día”.

Por ello los nacionalistas de Los Llanos de Aridane consideran “del todo inadmisible el hecho de que no se haya garantizado la defensa del interés de general, evitando contar con el respaldo que habría otorgado la ratificación en una sentencia firme en segunda instancia, que hubiese corroborado el fallo emitido en primera instancia por el tribunal de lo contencioso administrativo evitando de esa manera cualquier responsabilidad indemnizatoria”.

Sin embargo, aseguran que “se antepuso el interés partidista por encima del interés general del municipio, ya que las amenazas continuas del portavoz del partido socialista, entonces socio del gobierno del PP, de romper el pacto de gobierno si la sentencia se llega a recurrir, pesaron más que las recomendaciones que realizó un especialista en derecho administrativo, refrendado además por la amplia jurisprudencia condenatoria en situaciones similares”.

“Ante un acto de irresponsabilidad política de tal magnitud, el comité local de Coalición Canaria considera que quien debe asumir ahora la responsabilidad directa de indemnizar al demandante con esos 176.000 euros, son la alcaldesa y los concejales que en su día votaron a favor de no recurrir una sentencia que no era firme y que ahora arroja sus consecuencias sobre el conjunto de la ciudadanía, a través de las arcas municipales. En tal sentido se recoge en la Ley Reguladora de Bases de Régimen local, que en su artículo 78 entre otros puntos establece que: son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que hubiesen votado favorablemente. También se recoge en dicho artículo que las corporaciones locales, podrán exigir la responsabilidad a sus miembros cuando hayan causado daños y perjuicio a la Corporación, si ésta hubiese sido condenada a indemnizar a un tercero por negligencia u omisión del deber de defensa del interés general”.

Respecto a las manifestaciones del portavoz de IU en el consistorio, en las que achaca a Coalición Canaria la responsabilidad del daño económico que se deriva de la indemnización, aseguran que “demuestra, una vez más, su habitual nivel de cobardía política, para saltar a la palestra de manera oportunista haciendo un discurso demagógico ante lo que son actos reglados. Hay que recordarle que el otorgamiento de licencias no son actos discrecionales que quedan al capricho de la parte política de la administración, sino que son el resultado de un procedimiento administrativo, que es independiente del color político del gobierno de turno y en el que incluso participan varias administraciones. Cobardía política que también se pone de manifiesto cuando no es capaz de formar una alternativa de gobierno, porque teme a la responsabilidad de tomar decisiones conforme a lo que establecen las normas y los procedimientos administrativos, relegando su acción política a la queja permanente y a la defensa del no a todo”.

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