"De consumarse la estación de bombeo será una hipoteca y un estigma para el futuro"

Intervención íntegra realizada por el arquitecto Juan Julio Fernández sobre la estación de bombeo el pasado viernes en la Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma, en un acto organizado por la comisión ciudadana que está en contra de que se ubique dicha instalación en la rotonda de Blas Pérez González, a la entrada de la ciudad:

"Debo empezar expresando mi agradecimiento a Juan Arturo San Gil, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de la ciudad por su invitación para estar presente en este acto, a la que he accedido pese a la dificultad que supone moverse en estas fechas y a las circunstancias familiares, al entender que la cuestión lo requiere.

Debo añadir que estoy aquí como nacido en esta ciudad, como profesional que he dedicado ya más de cincuenta años a la arquitectura y al urbanismo y como eventual político en una transición de la dictadura a la democracia de la que puedo decir, sin temor a equivocarme, que todos los que nos movilizamos, de todos los partidos sin excepción, íbamos a dar y nadie a pedir. Creo que se me puede entender.

Viendo lo que estamos viendo más de treinta años después, nos consideramos con cierta autoridad moral para hablar de la cosa pública. Y debo dejar claro que no me mueve otro interés para estar aquí que insistir, como pública y reiteradamente ya lo he hecho, en mi rechazo a la ubicación de una estación de bombeo de aguas fecales en la puerta de entrada a la ciudad que, de consumarse, será una hipoteca para el futuro y un estigma difícil de borrar. En el mejor de los casos un error que habrá que corregir y pagar con cargo a los bolsillos de los ciudadanos, como ya ha ocurrido en casos anteriores a los que me referiré oportunamente.

En 1974, siendo vicedecano y presidente de la delegación para esta provincia, el Colegio de Arquitectos promovió el Plan de Ordenación del Territorio de la Región Canaria dentro del Tercer Plan de Desarrollo Económico y Social de Canarias en la que participaron los presidentes de los siete Cabildos Insulares -Manuel Pérez Acosta, por esta Isla- y en el que, después de un pormenorizado análisis, se concluyó en la necesidad de potenciar lo que se llamó un "Centro B" en torno a Santa Cruz de la Palma para robustecer la ciudad y disponer de un centro de servicios y de un enlace de comunicaciones con el fin de favorecer la economía y aumentar las oportunidades de empleo en toda la Isla.

Esto se tradujo en la propuesta de un Plan Comarcal, incluyendo a Santa Cruz de la Palma con Breña Baja y Breña Alta -en algún momento se habló de incluir también a Mazo y Puntallana- que no prosperó, con las consecuencias que se han visto después y las que se están viendo ahora mismo, resultantes de haber abordado la cuestión a través de ordenaciones municipales sin la debida coordinación y sin la deseable y necesaria visión de conjunto.

La dispersión urbana es manifiesta y para Santa Cruz de la Palma ha supuesto una llamativa pérdida de habitantes y cabe preguntarse si el proyecto de ordenación del litoral urbano, que se quiere presentar como una revigorización de la estructura urbana, es el adecuado para la ciudad y para la isla.

A lo que yo he podido saber -porque el oscurantismo en la gestión y en la información son evidentes- todo empezó con un concurso de ideas que fue adjudicado a unos profesionales cuya capacitación no discuto, aunque si me cuestiono si entendieron la razón de ser de la ciudad y las necesidades de su posterior desarrollo. Pero en todo caso hay que decir que la responsabilidad última de que la solución adoptada sea conveniente o inconveniente para la ciudad y la isla corresponde a los dirigentes políticos que la aprobaron, a quienes la impulsaron y a quienes tenían que haber supervisado los proyectos para desarrollarla.

Y hagamos un poco de historia: terminada la conquista, en mayo de 1493, los conquistadores de ubicaron en La Encarnación, donde ya estaban los conquistados en las Cuevas de Carías (pero encima de ellos, para dejar bien claro quien dominaba) y acto seguido buscaron el emplazamiento del puerto dónde sigue estando, por ser el mejor de los posibles para el des-aislamiento de la isla. Y a continuación buscaron el camino para enlazar estos dos enclaves, el que terminó siendo la Calle Real que todavía perdura, adaptada a la topografía y a la economía de medios disponibles.

Asegurada la estabilidad, los conquistadores eligieron, a la mitad del camino, el emplazamiento del que sigue siendo el corazón de la ciudad, con el Cabildo -hoy Ayuntamiento-, la Parroquia y la fuente para el abastecimiento de aguas y el Hospital (hoy Recova y Teatro Chico) al otro lado del barranco (hoy Avenida de El Puente), para garantizar el conveniente aislamiento. A lo largo de esta vía, la Calle Real, fueron levantándose las casas para los primeros habitantes de una ciudad que llegó a ser la más importante del Archipiélago cuando Felipe II decidió instalar en ella el Juzgado de Indias, por el que debían pasar todos los barcos en la carrera de América al ser el nuestro el tercer puerto del Imperio, después de Amberes y Sevilla.

La ciudad se desarrolló de espaldas al mar: la calle Trasera y el otrora Callao de la Marea lo atestiguan. Había que defenderse de los temporales y de los ataques corsarios, de lo que dan fe los estrechos callejones que permitía acceder a la vera del mar. De hecho, la apertura de la ciudad al mar no se produce hasta pasada la década de los cincuenta, cuando tuvo lugar la construcción de la Avenida Marítima, creando una nueva fachada al mar y facilitando las comunicaciones entre el norte y el sur de la isla. Aunque esta comunicación había sido previamente facilitada por el primer túnel de Bajamar, no tardó en sentirse, por su estrechez e inseguridad, la necesidad de nuevas soluciones para lograr una eficaz comunicación de la ciudad con todo el sur de la isla y especialmente con los espacios inmediatos al otro lado del Risco de la Concepción, que ofrecían las mejores posibilidades para el desarrollo urbano, turístico y de los servicios para el conjunto de la banda oriental de la isla y, en particular, del área metropolitana capitalina, que se coartó con las instalaciones industriales nocivas, molestas y peligrosas -como la planta eléctrica y los depósitos de combustibles- que allí se permitieron.
Y aquí debo decir que, terminada mi carrera de arquitecto, participé con don Pelayo López y Carlos Lugo en una campaña para que, con dichas posibilidades en mente, se acometiera sin dilaciones, en lugar de un segundo túnel, la avenida exterior de Bajamar, considerándola mejor solución que un segundo túnel. Tropezamos con la obstinación, la falta de ideas o la sobra de intereses de los responsables políticos, con lo que se malgastó dinero y tiempo, pues después del túnel se acabó haciendo la avenida.

También se perdió tiempo y dinero, además de producir un importante impacto medioambiental negativo, con la ubicación, inadecuada, de un aeropuerto en Buenavista y hoy, la construcción del segundo, en Mazo, refuerza la idea de que en la franja costera, al sur del núcleo capitalino, entre el puerto y el aeropuerto, es donde tendría que desarrollarse, debida y conjuntamente planificado, el que se denominó como "Centro B" en el Plan de Ordenación del Territorio promovido por el Colegio de Arquitectos. Será cuestión de ver sin con la previsible supresión de los acuartelamientos en Los Guinchos se reabre la posibilidad de un nueva reordenación de la zona en beneficio del desarrollo de toda la isla, eliminando duplicidades y minimizando, al integrarlos, los costos de los servicios.

Traigo esto a colación para insistir en mi convencimiento de que toda planificación debe ser hecha con una adecuada perspectiva hacia el futuro, huyendo de soluciones precipitadas y coyunturales y teniendo en cuenta que hay que poner las soluciones técnicas al servicio de ideas ponderadas para conseguir soluciones adecuadas y convenientes para la población, tanto en lo funcional como en los costos. Y esto es lo, que en mi opinión, no se está teniendo en cuenta ni en el desarrollo del proyecto de ordenación del litoral ni con la ubicación de la estación de bombeo en la puerta de entrada de la ciudad, un craso error que si no se rectifica, tomando las medidas que la opinión ciudadana reclama, habrá que contabilizar como otro más de los ocasionados por falta de visión de los dirigentes políticos o por querer aplazar los problemas con soluciones precipitadas, sin criterio, oportunistas coyunturales, que acaban multiplicando los gastos, creando disfunciones e incrementando las molestias.

Entiendo que los fondos europeos con los que se ha abordado la actuación en el litoral de Santa Cruz de la Palma encontraron como justificación principal la protección de la ciudad frente a los embates del mar y parece incuestionable que ese objetivo puede conseguirse con las escolleras que se están construyendo, si las mismas se terminan de ejecutar con la solidez que aconsejan la experiencias históricas sobre el comportamiento de nuestro mar. Lo que es discutible es si el proyecto o proyectos que se subastaron son los más adecuados para que las obras reporten el mayor beneficio posible a la ciudad y si los mismos son técnicamente apropiados.

Se ha optado por utilizar el espacio limitado por las escolleras para una playa, de la que puede aducirse que es una buena solución de protección frente a los embates de las olas, al servir de elemento amortiguador y, al tiempo, servir de elemento de ocio y como atractivo turístico de la ciudad, Pero me he permitido cuestionar -y vuelvo a hacerlo aquí y ahora- es si la ordenación litoral con la creación de la playa con la dimensión prevista es la mejor solución para abrir Santa Cruz de la Palma al mar y dar debida satisfacción a otras necesidades urbanísticas de la ciudad.

Empecemos por analizar lo que la proyectada playa puede dar de sí como elemento de ocio para los habitantes de Santa Cruz de la Palma o como atracción turística para los visitantes.

Hay voces que interesadas en defender el proyecto esgrimen que Santa Cruz de la Palma no está abierta al mar. Nunca lo estuvo en la forma en que está Las Palmas, con sus dos magníficas playas naturales, o El Médano, en Tenerife. Hay que decir, sin embargo, que en su tiempo contó con los elementos playeros del varadero, dentro del puerto, la playa de El Roque, antes del túnel y, además con carácter privado, el Club Náutico que todavía subsiste, elementos que muchos de nosotros usamos y disfrutamos en nuestra adolescencia, juventud e incluso madurez.

Es evidente que los referidos elementos playeros han desaparecido por el desarrollo portuario en detrimento de la ciudad y beneficio de toda la isla. Pero también es cierto que en su lugar existen, en el área metropolitana, la Playa de Bajamar que, funcionalmente, es más de Santa Cruz de la Palma que Breña Alta, dónde está ubicada por mor de una distribución territorial y administrativa obsoleta. Y, no muy lejos, está la de Los Cancajos, en Breña Baja.

Ante esta realidad, ¿es realmente necesaria como elemento de ocio la playa proyectada con las medidas previstas? ¿Para qué usuarios? ¿La van a llenar los habitantes del núcleo urbano de Santa Cruz de la Palm o lo van a hacer los turistas? Y ¿qué turistas? ¿Los que llegan en los cruceros o los que se alojen en las antiguas casas históricas de la ciudad convenientemente remodeladas para este nuevo uso? Unas y otras parecen previsiones mucho más allá de lo razonablemente previsible para varias décadas. Pero si ese fuera el caso, ¿fue el proyecto debidamente elaborado y el problema de las aguas residuales debidamente abordado y resuelto desde el punto de vista técnico y de forma conveniente para el superior interés ciudadano?

Es vox populi que no se previó adecuadamente esta faceta del proyecto para dar adecuada solución a la cuestión del destino final de las aguas residuales de la ciudad y su sistema de depuración y que ello ha dado pie a una amenaza de paralización de las obras por la empresa adjudicataria que supondría un corte del flujo de los recursos habilitados para su terminación. Y ante esta imperdonable falta de previsión los dirigentes políticos han aceptado, precipitadamente, como solución al problema, del que son responsables, tirar por el camino más fácil, sin tener en cuenta las diversas consecuencias adversas que el mismo tiene y todo con secretismo y desinformación y, por supuesto, sin consultar debidamente a la ciudadanía. Y, obviamente, ignorando que hoy día ser ciudadano es tener claro que los amos ya no existen.

No sé si se tiene determinado cual es el destino final para las aguas residuales que, con la construcción de la playa, no podrán continuar yendo por donde lo han estado haciendo. ¿Es su destino la estación depuradora del Barranco Seco, al norte de la ciudad, o lo es la de la cabecera del Aeropuerto? Si es el primero, ¿tiene sentido llevar las aguas residuales en una dirección para luego impulsarlas en la contraria? Si es el segundo, ¿no cabe emplazar la estación de bombeo en lugar menos inconveniente, como el espacio exterior del arranque del dique del puerto o en la zona anterior al Risco de la Concepción? Si no se accede a ello por conflictos de competencias jurídica entre distintos organismos, deben ser resueltos en favor del interés superior de la Ciudad, o sea, de la comunidad de sus habitantes.

Por otra parte, ¿es la playa prevista la única o la mejor solución para la protección de la ciudad frente al mar y para satisfacer otros intereses ciudadanos? Aquí hay que empezar diciendo que cuando se terraplenó el costado marítimo de la Avenida se ocupó, el nuevo espacio ofreció la oportunidad de disponer de un considerable número, no muy alejado del millar, de plazas de aparcamiento, muy conveniente para el desarrollo de la actividad ciudadana, tanto en sus vertientes de servicios como actividad comercial y cultural, a pesar de que su uso no fuera optimizado con una adecuada regulación, y si bien es cierto que, debido a ello, muchas plazas eran ocupadas abusivamente por vecinos del propio núcleo urbano, en gran parte facilitaban el acceso a la ciudad de quienes venían del norte y sur de la isla o de los barrios altos -Mirca, La Dehesa y Velhoco-, muchos a comprar en el centro comercial abierto de la calle Real, dinamizando la economía y activando la vida social. Sin la menor duda, todo un referente en el Archipiélago (en la isla Santa Cruz de la Palma era "la Ciudad" o "La Palma", como si fuera la única en el mundo), algo que ha empezado a cobrar mucha fuerza en La Laguna de Tenerife, con una política acertada, en que han llegado a confluir los criterios políticos con los intereses ciudadanos.

Aunque en La Laguna no siempre fue así. Y perdonen ustedes una digresión que puede sonar a autocomplacencia, pero que es pura realidad.
A principios de la década de los sesenta me encargaron su Plan General y poco después gané la plaza de arquitecto municipal por oposición. En el Plan General, con mi compañero Francisco Roda, previmos que en el triángulo histórico -Plaza de la Concepción, Plaza del Cristo, Plaza de San Cristóbal-, había que mantener las calles con las edificaciones significativas, previa catalogación, y en caso de construir alguna nueva, la altura permitida sería, tal como constaba en las ordenanzas, la equivalente al promedio del número de plantas existentes en cada tramo de calle o plaza. Se trataba de mantener el carácter urbano y la significación histórica y los políticos municipales, carentes de ideas o sobrados de intereses poco confesables, me incoaron un expediente por entender que era el enemigo público de la ciudad al no seguir el ejemplo de El Puerto de la Cruz, donde se especulaba descaradamente en el casco urbano. Me defendí y el expediente fue sobreseído.

Treinta años después, ese centro histórico fue la base para la declaración de la ciudad como patrimonio de la humanidad y no puede negarse que el fundamento de la actual prosperidad lagunera. Respeto al pasado y proyección hacia el porvenir, se han peatonalizado las calles principales, contando con los aparcamientos periféricos en una ciudad plana en la que la topografía y la configuración de los solares los permiten con proximidad suficiente a las calles de la Carrera y Herradores, que casi monopolizan la actividad comercial y social de la ciudad. Un comerciante destacado de la misma, hace escasamente un mes, en un acto público agradeció mi papel en la conservación del casco histórico, cosa que no hicieron en su momento los políticos de turno al hacerse pública la declaración, aun siendo amigos, evidenciando como suelen utilizar a los técnicos para imputarles sus errores y como los ignoran a la hora de colgarse ellos mismos las medallas.

Con la información que he podido allegar -el oscurantismo ha sido y sigue siendo manifiesto- no sé si se consideró o no si hubiese sido más conveniente para el desarrollo de Santa Cruz de la Palma un parque marítimo antes que una playa desmesurada. La ciudad carece de parques -el Jardín de las Monjas no llega a serlo- y en Santa Cruz de Tenerife, el Parque Marítimo, sin arena, pero con piscinas, vestuarios, establecimientos para el ocio y aparcamientos entiendo que es un referente, cercano y válido.

Es evidente el declive vital que ha padecido la ciudad desde que comenzaron las obras con pérdida de espacios para aparcamientos. Esta pérdida de plazas se ha tratado de compensar con las habilitadas, se supone que con carácter provisional, a lo largo de la Avenida Marítima y de la carretera de El Galeón que ha pasado a ser de circulación en dirección única, lo que ha supuesto un importante aislamiento para el acceso rodado a la ciudad desde el barrio de La Portada.

En una solución configurada como Parque podrían confluir una playa proporcionada a las demandas, piscinas, áreas arboladas, locales para el ocio sin necesidad de estar en traje de baño y otros servicios más acordes con las demandas del núcleo urbano, incluyendo aparcamientos y, debida y previsoramente ubicada y diseñada , la misma discutida estación de bombeo. Y el centro comercial, único en las Islas, de la Calle Real, seguiría contando con una ayuda inestimable para el papel que desempeña, económica y socialmente. La ciudad no requiere otro convencional al uso, como el que se susurra que, especulativamente, se pretende hacer justo tras el espigón del puerto pretextando una modernidad que aquí no viene a cuento.

Sea esto cierto o no, no es fácil de entender que se haya devuelto al mar la amplia extensión de terreno que había en dicha zona -entre la nueva escollera sur del proyecto que se ejecuta y el espigón del muelle, terreno ya sólidamente asentado en gran medida gracias a las aportaciones a lo largo de años por el propio mar tras la ampliación del dique del puerto y en la que se habían ubicado canchas deportivas y aparcamientos, en buena parte reservados para instituciones públicas, y en también utilizada para instalaciones lúdicas temporales en las fiestas de la Bajada de la Virgen e, incluso, para la fabricación de prismas utilizados en las obras. Esta área ha sido dragada y sus materiales utilizados en las nuevas escolleras y, contradictoriamente, según el proyecto, en ese lugar queda una "playa de bolos", no alcanzando a entender, repito, por qué razón o con qué finalidad. Esperemos que si nuestros gestores no lo hacen antes en beneficio de la ciudad, sea el propio mar el que se encargue en reconstruir en no mucho tiempo lo que nuestros gestores, sin el menor turbamiento, han consentido destruir.

No voy a seguir insistiendo en más argumentaciones. He venido aquí a expresar mis convicciones, por otra parte ya adelantadas en artículos en "Diario de Avisos" y "El Apurón", dos publicaciones periódicas muy vinculadas a la Isla. Y nada me agradaría más que oír aquí explicaciones técnicas al proyecto o proyectos que se están desarrollando o justificaciones a la solución propuesta en un concurso del que sólo he tenido ocasión de conocer una maqueta esquemática expuesta en la entrada de la Casa Consistorial y a la que, creo, no responden las obras que se están realizando. Algunas destacadas ausencias impedirán conocer las razones que esgrimen para seguir empecinados en sus posicionamientos.

Y me desconcierta que -y en esta Isla lo están poniendo de manifiesto- que las instituciones se hayan convertido más en un foro de discusiones políticas, con pactos, contra pactos, mociones y remociones de censura, antes que en otro de debate, con audiencia e información a la ciudadanía, para resolver los problemas cotidianos, a corto, medio y largo plazo.
Un vecino me hizo una pregunta acerca de si, con mi experiencia, concebía que para dirigir una comunidad de vecinos se presentaran un candidato del PSOE, otro del PP y un tercero de Coalición Canaria y él mismo me contestó lo absurdo de que las cosas fueran así, cuando lo que los comuneros demandan no son discursos ni discusiones ideológicas, que a veces ni siquiera lo son como demuestran en la actividad política los frecuentes cambios de siglas según el mejor postor, añadiéndome que un Ayuntamiento y un Cabildo no son otra cosa que comunidades de vecinos, en las que su representantes están llamados -y obligados- a resolver problemas domésticos, aunque a otra escala. Tuve que darle la razón y, por supuesto, se la sigo dando.

El problema que hoy se discute en Santa Cruz de la Palma nunca debió llegar al estadio al que se ha llegado, ni ahora tampoco -así lo entiendo- pueden esgrimirse los perjuicios económicos -evidentes- que pueden suponer la paralización de las obras para perseverar en el error y no consensuar alternativas aceptables.

Los responsables políticos deben evitar la consumación del dislate y la pérdida de los fondos. Las rectificaciones en el diseño de la estación de bombeo después que empezó a detectarse el clamor de los ciudadanos es una demostración de que la pretendida solución ha sido improvisada y, además, inadecuada. El mantenimiento de su ubicación será siempre una equivocación que, si se consuma, tendrá que ser, antes o después, rectificada, aunque una vez más con los dineros de los contribuyentes y no con el de los responsables, técnicos o políticos, de la decisión desacertada.

Y cabe añadir que, a mi modesto entender, no valen las explicaciones, que he visto publicadas, de que el emplazamiento de una estación de bombeo, que no supone ningún beneficio ni para la ciudad ni para la isla, en la entrada del puerto, se debe a que ni la Jefatura de Costas ni la Autoridad Portuaria admiten su emplazamiento en sus dominios por "razones jurídicas".

Estoy con el pragmatismo anglosajón que muchos admiramos: "la ley debe estar al servicio de la realidad y nunca la realidad al servicio de la ley". Y no puede tolerarse que estas razones esgrimidas -si en realidad lo han sido- por dos organismos que deben estar al servicio de la ciudad no se superen para arbitrar un acuerdo y se concluya cargándole el muerto a la ciudad a la que tenemos derecho, para a poder vivir con la máxima calidad de vida y la mayor comodidad posible.

Dije, al comenzar que, eventualmente, asumí responsabilidades políticas y en esa corta, pero comprometida, andadura tuve claro -quizás porque así me lo inculcaron mis padres, a quienes muchos de ustedes conocieron, preocupados por la responsabilidad que asumía y la actividad profesional que paralizaba- que estábamos allí, voluntariamente, para resolver y no para crear problemas.

Creo que, en aquellos momentos, supimos generar confianza. Recientemente, en la asamblea extraordinaria de la asociación nacional de ex diputados y ex senadores, se llegó a la conclusión de que "la causa del alejamiento de la gente del común de la política y de los políticos partía de los errores que cometían ellos mismos".

Solo me resta decir que desearía que éste no fuera un caso más para incrementar este distanciamiento con los políticos. Una ciudad que, en 1773, plantó cara a los regidores perpetuos para constituirse en el primer ayuntamiento democrático de toda España, así lo exige. Dionisio O´Daly y Anselmo Pérez de Brito, dos preclaros y auténticos prohombres, así lo reclaman.

Santa Cruz de la Palma, 27 de diciembre de 2013.