Los Llanos pide más dinero para empleo juvenil y una consulta sobre las prospecciones

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane aprobó en el último pleno una moción del grupo de Gobierno en la que se insta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a que, dentro de su "Estrategia Española para el Empleo", destine recursos y una partida presupuestaria específica para Canarias destinada a acciones con jóvenes entre 25 y 30 años.

El concejal de Juventud, Adelto Concepción, señaló que este acuerdo pretende que se atiendan las necesidades de los jóvenes del Archipiélago, en general, y del municipio, en particular, en materia de generación de empleo.

En ese sentido, Adelto Concepción recordó que esta orquilla de edad es la más perjudicada por el desempleo, incluyendo un gran número de jóvenes que aún no han tenido oportunidad de trabajar por primera vez. En ese sentido, dijo, se hace necesario que el Estado, competente en esta materia, articule las medidas oportunas para intentar paliar esta lacra que azota a la sociedad actual, y en la que los jóvenes y las familias están siendo las principales perjudicadas.

Adelto Concepción destacó la necesidad de apremiar al Gobierno de España a que articule estas políticas, y destine, de una vez, los recursos necesarios para garantizar la inclusión en el mercado laboral de los jóvenes canarios.

La sesión plenaria permitió aprobar también otra moción conjunta de PSC-PSOE y CC instando al Gobierno de España a autorizar la consulta popular para conocer el parecer de la ciudadanía canaria sobre la realización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas al Archipiélago. La moción contó con el apoyo de la concejala del CCN mientras que el PP votó en contra.

El primer teniente alcalde, José María de Vargas, recordó que la solicitud pretende determinar qué piensa la ciudadanía canaria sobre un asunto de vital trascendencia, y que por ello se insta a la aprobación de esta consulta popular que "permitirá un ejercicio de democracia directa y a la ciudadanía canaria decidir sobre un asunto que afecta a los modelos económico y ambientales del Archipiélago".

José María de Vargas indicó que no puede obviarse que la autorización para realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias es una cuestión política de enorme trascendencia por sus múltiples implicaciones: contaminación de costa y mar, potabilización de agua, afluencia turística o actividad económica, entre otras. Implicaciones que, aunque en mayor medida afectarían a las islas de La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, acabarían repercutiendo al conjunto del Archipiélago, tanto en su vertiente medioambiental como en su incidencia en la marca turística "Islas Canarias".

Además, recordó José María de Vargas, que una decisión de este tipo trascenderá de la actual coyuntura afectando a las generaciones futuras, habida cuenta que puede traer como consecuencia un cambio radical en el modelo productivo de Canarias.

También el pleno aprobó la moción defendida por la concejal socialista, Amparo Martín, para instar al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. La propuesta no fue apoyada por los populares.

Amparo Martín señaló que la actual Ley recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

Asimismo, la concejala destacó que la reforma propuesta por el Gobierno representaría un "extraordinario" retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales del sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.

En su intervención, Amparo Martín indicó que con el Anteproyecto aprobado por el Gobierno se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y "grave peligro para la vida o la salud" de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años ochenta del siglo pasado.

En este pleno tomó posesión de su cargo de concejal Pilar Hernández Rodríguez, sustituyendo a Zebensui Hernández Francisco, y se anunció la renuncia de Juan Ramón Rodríguez Marín, quien será sustituido por José Francisco Rodríguez Lorenzo.