El concejal de Turismo bagañete lamenta "el malestar desde el otro lado de la Isla cada vez que se hace algo en el Puerto de Tazacorte"

Y para que tanto usted como su grupo politico no tengan duda, ni puedan pensar que todos los palmeros somos unos paletos facilones de engañar, me voy a limitar a pegar estos recortes de prensa aclaratorios, aquí se los dejo para recordarselos y su pueblo entienda el porque de mi anterior argumento.

Canarias Ahora /
Economía

La promotora que iba a urbanizar el Puerto de Tazacorte, en la lista de los grandes deudores de Hacienda.

* El propietario de Inversiones Insulares Cock achaca la deuda al estrangulamiento que sufrió su empresa por una presunta trama urbanística corrupta que localiza en Tazacorte
“¿Sólo dos millones?” Con estas palabras el propietario unipersonal de Inversiones Insulares Cock, César Gil, recibía la noticia de que su empresa figura en la lista de grandes acreedores de Hacienda hecha pública hoy. El empresario indica que la deuda está originada por el estrangulamiento financiero al que ha sido sometido por una presunta trama corrupta que tiene su epicentro en el municipio palmero de Tazacorte.
Inversiones Insulares Cock presentó hace una década un proyecto para construir un gran complejo residencial y hotelero el entorno del puerto de esta localidad palmera, sin embargo posteriormente una decisión del Gobierno canario dio al traste con la idea. Y todo ello, pese a que esta inversión contaba ya con el correspondiente respaldo del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.
De esta manera frente a la intención de ejecutar una marina para embarcaciones privadas, finalmente prosperó la de una marina seca, cuya ejecución se encargó a otra empresa. Desde entonces Gil ha emprendido un auténtico calvario denunciando su situación a través de todos los medios que están a su alcance. Cuenta con una página web, una emisora de radio y más aún ha emprendido una infinidad de procesos judiciales que todavía hoy siguen su marcha. “Esta deuda es resultado de la lentitud de la justicia. De ahí se deriva una cascada de consecuencias que nos afectan a todos, incluida Hacienda”, indica el inversor. Gil acusa a una entidad bancaria de haberse apropiado de 300.000 euros.
La batalla judicial de este empresario vasco ha traído consigo la imputación de varios miembros del Ayuntamiento de Tazacorte, con el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, a la cabeza. El epicentro de esta guerra judicial se sitúa en el conocido como edificio de Los Tarajales, construido en primera línea de playa que consiguió la licencia justo antes de que los terrenos estuvieran afectados por la ley de Costas. Los indicios apuntan a que existió una filtración del contenido de la sentencia firme que poco después se hizo pública. Escasos días antes Gil se encontró con la negativa a comprar estos terrenos para ejecutar un hotel, precisamente por ser dominio público.
La mala suerte parece perseguir este empresario quien también vio como se frustró otro de sus proyectos: una promoción residencial en los terrenos conocidos como La Nao, en Tazacorte, aprobado por el Ayuntamiento. Sin embargo, la propia corporación local promovió una modificación del Plan General de Ordenación que por un lado frustró esta iniciativa y por otro benefició a un empresario diferente. El Supremo determinó en este caso que hubo desviación de poder, ya que el padre del arquitecto municipal era apoderdo de la familia que salió mejor parada de esta modificación.
Sin embargo, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa que se centró en El Pozo y cuyo contenido era muy parecido al de La Nao. El empresario César Gil tenía prevista la construcción de un hotel de lujo en un espacio anexo y estaba negociando la compra de una parcela para dedicarla a la zona verde del complejo. Inicialmente no era edificable, pero una modificación en el PGO hizo que fuera urbanizable. De esta manera se permitió un edificio de cuatro alturas a las mismas puertas de la instalación alojativa, que perdía con ello todo su encanto y tirando “por tierra” todo el proyecto para el desarrollo turístico de El Puerto.

El “caso Los Tarajales” destapa otros presuntos delitos urbanísticos en la costa
Un nuevo informe de la Policía Judicial relacionado con el “caso de Los Tarajales” y la declaración de un particular perjudicado apuntan a que se pueden haber cometido varias ilegalidades urbanísticas en El Puerto y Las Hoyas. La jueza abre varios procesos para aclarar posibles delitos de “estafa y tráfico de influencias”.
19/nov/09 07:29 – MAIKEL CHACÓN, Tazacorte
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El juzgado de Los Llanos de Aridane ha ampliado las diligencias previas de la instrucción penal de Los Tarajales a otros suelos del municipio. La jueza instructora, María Teresa Luarca, ha emitido un auto con fecha 10 de noviembre (comunicado a las partes el pasado lunes) en el que anuncia la apertura de otras tres piezas separadas en la instrucción judicial relacionadas con varios suelos turísticos y residenciales de El Puerto de Tazacorte y Las Hoyas, en los que se sospecha que se puedan haber cometido delitos de “estafa y tráfico de influencias”, además de “prevaricación, contra la Hacienda Pública y de falsedad documental”.
Las nuevas líneas de actuación se juzgarán de forma paralela, aunque están vinculadas a la causa abierta por Los Tarajales. Y es que en la instrucción penal inicial, en fase de diligencias previas tras un año de investigación, ya no caben todas las actuaciones judiciales realizadas, ni tampoco la amplitud de las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Judicial.
Precisamente, la decisión de ampliar el proceso judicial a otros suelos ordenados por el Plan General de Ordenación (PGO) de Tazacorte se adopta tras la inclusión en el sumario de un nuevo informe del Cuerpo de Delitos Urbanísticos de la Sección de Investigación criminal de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, proveído el 7 de octubre, en el que se recogen nuevas evidencias y conclusiones sobre presuntos delitos urbanísticos en diversas parcelas.
Junto a este informe se agrega además una nueva declaración voluntaria efectuada los días 27 de octubre y 2 de noviembre por un particular, Luis Antonio Pages, como supuesto perjudicado. Se trata de un representante de la empresa Inversiones Insular Cock, con intereses urbanísticos en el municipio y que ha mantenido diversos conflictos con el consistorio vinculados a estos suelos turísticos y residenciales.
Hechos relacionados.- El razonamiento jurídico realizado por la jueza instructora para crear lo que en términos jurídicos se llaman piezas separadas de la instrucción se basa en que los nuevos hechos investigados son “conexos” y están “íntimamente relacionados”, tanto en el marco en el que se desarrollan, las antiguas Normas Subsidiarias y el nuevo PGO, como en las personas que pudieran resultar implicadas en los mismos.
Así, según apunta el auto judicial al que ha tenido acceso EL DÍA, “existen elementos para juzgar los posibles delitos de forma independiente, así como a cada uno de los imputados, a fin de simplificar y activar el procedimiento”.
Otros posibles imputados.- En el “caso de Los Tarajales” se juzgan posibles ilícitos penales por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, en los que por el momento se ha imputado a 35 personas, entre miembros de la Junta de Gobierno de Tazacorte y de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias. Sin embargo, en las tres nuevas líneas de la instrucción, los hechos descritos por la Policía Judicial pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de “prevaricación, estafa, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y de falsedad documental”, según suscribe Luarca.
En este caso, de confirmarse los hechos, algunos implicados pudieran ser los mismos que en Los Tarajales, aunque no se descartan nuevos imputados.
Reabrir un caso archivado.- Los suelos que se suman a la investigación judicial se reparten por El Puerto y Las Hoyas, lo que supone poner en cuestión la mayoría, si no todos, los espacios turísticos y residenciales de la localidad. En el primero de los casos se trata de diversas parcelas situadas en el barranco de Tenisca, en donde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó una denuncia por un suelo denominado La Nao, que se reabre ahora en esta causa. Además, se cuestiona la ordenación de otras parcelas ubicadas en el Puerto Viejo, como la del Pozo.
Además se extienden las sospechas hacia la zona de Las Hoyas, en donde, tal y como se recogió en el primero de los informes de la Policía Judicial, adelantado por esta redacción el 15 de octubre, se produjo una venta de terrenos destinados a la construcción de un hotel en la que participó, con sueldo a cuenta de la empresa compradora, el que fuera redactor de las antiguas Normas Subsidiarias de Tazacorte, Juan Antonio Brito, con sueldo de la empresa pública Gesplan.