Alpende solicita la mediación del Cabildo para evitar el desahucio de una mujer con tres hijos en Los Llanos

La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma, ”Alpende”, solicita la intervención urgente del Cabildo Insular de La Palma, para evitar el lanzamiento forzoso de una mujer y sus tres hijos, que tienen hasta el lunes de plazo para abandonar el piso ocupado en diciembre de 2015, en la promoción de viviendas públicas del Barranco Cruz de La Paloma, en Los Llanos de Aridane.

Esta plataforma recuerda que se está “violando” un derecho humano, también reconocido en la Constitución Española, por lo que se pide que se coordinen las gestiones necesarias desde el Cabildo, para buscar una solución a esta dramática situación.

¿La prioridad de la política: las personas?

Desde ”Alpende” rechazan las actuales políticas sociales, que “no tienen como prioridad el bienestar de las personas, y que son incapaces de garantizar la aplicación de derechos fundamentales, como se ha venido denunciando durante los últimos años, ante los propios organismos: ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias”.

La plataforma recuerda que Visocan, la empresa de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene viviendas disponibles en la isla, además de que hay locales públicos, que podrían servir de alternativa habitacional provisional: desde viviendas propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, los bajos de la Sede del Diputado del Común, el  Albergue La Fuente (Puntallana), etc.

Alpende cosidera que la sociedad palmera se encuentra en una deriva, en la que “el individualismo egoísta, está destruyendo una de las características que aún definen al pueblo palmero: el sentido de ser una comunidad solidaria y unida ante la injusticia”, y pide una profunda reflexión, ya que “se han dado casos escandalosamente vergonzosos como la muerte por pobreza de personas en las calles de la isla, donde hay un centenar de personas sin hogar”.

Ante esta problemática, demanda esta plataforma que se activen los mecanismos viables para evitar ”un caso más de sufrimiento innecesario”, y que desde el Cabildo Insular se intervenga, además, de que se ejecute de inmediato lo pactado en materia de inserción en el marco de la Ley Estatal de Contratos, con una reserva del 0,5 por ciento del presupuesto sin ejecutar, destinada a licitar contratos desde la administración insular, con empresas de inserción social, lo que tendría un impacto directo en la cobertura sociolaboral de casos como el expuesto.