El Ayuntamiento solicita una autorización judicial para desalojar a una familia en Mirca

El Pleno capitalimo tomó conocimiento este viernes de que por parte del Ayuntamiento se ha socilitado una autorización judicial para desalojar a una familia que ha ocupado de forma ilegal una vivienda en Mirca. Esta casa y algunas más deben ser demolidas porque así se decidió cuando se acordó su sustitución junto con las de Timibúcar.

"Nos consta que hay una familia viviendo porque hay un informe, y tenemos indicios de que otras personas pueden hacer lo mismo pero en este caso es una familia que ha accedido a una de esas viviendas desalojadas y lo que se ha hecho es proceder de acuerdo a la ley", explicó el alcalde, Juan José Cabrera Guelmes, añadiendo que es "una actuación ilegal y por eso se ha pedido autorización al juzgado como es preceptivo para que nos autorice a llevar a cabo el desalojo porque entendiendo que las circunstancias de esas personas puede ser desesperante, es una actuación que no se ajusta a la ley y que impide que el ayuntamiento pueda derribarlas, por el compromiso adquirido y porque si eso fuera posible tenemos que ver las prioridades de las familias que hay en el municipio porque quien tiene que determinar ese acceso a la vivienda si fuera posible, que no lo es, serían los Servicios Sociales o la Dirección General de Vivienda, pero no unas personas por su cuenta".

En este sentido, indicó Cabrera Guelmes, "se ha dado cuenta al pleno de que se ha solicitado la autorización para poder desalojar a la familia porque no podemos ir por libre". Se trata de una familia de cuatro miembros, conformada por dos menores y dos adultos, con la que ya han actuado los Servicios Sociales porque tiene carencias pero "las soluciones no se toman así".

Sin embargo, lo trágico de esta situación es que no hay una solución para estas personas. "Ahora mismo no tenemos solución ni para esa familia ni para otras muchas que están en un estado similar o incluso peor", afirmó el alcalde, a quien el líder de la oposición, Juan Ramón Felipe, de CC, tachó de irresponsable porque entendía que esta situación se podía haber evitado si se hubieran demolido las viviendas hace ya tiempo o bien tapiando las mismas.

La explicación que dio el alcalde al retraso de los derribos obedece a que han habido problemas. "En el caso de las viviendas de Mirca, hay gente que sigue viviendo allí por circunstancias específicas que no se tuvieron en cuenta en su momento y por eso hemos heredado este problema; por ejemplo, hay familias de ocho personas que no caben en una vivienda de dos y por tanto tenemos que darle una solución distinta a la que estaba planteada inicialmente y que no se contempló y estamos negociando con la Dirección General de Vivienda un posible canje con otra de su propiedad para dar solución a esta familia, en otro caso ha habido una negativa tajante a mudarse pero cuando los plazos se agoten tendremos que actuar conforme a la ley".

Otro problema que hay para el derribo son los proyectos de demolición porque "en la Isla ahora mismo el vertido de escombros no es posible, y es preciso dar salida a los restos de esa demolición".

El alcalde se mostró sensible con este asunto porque "nos parece irresponsable como administración tener que tirar una vivienda al suelo en buenas condiciones por imperativo legal porque si se indultan presos también se puede indultar una vivienda, y se lo dijimos al ministerio y a la Dirección General pero el Ayuntamiento se comprometió a su derribo y el riesgo de no llevarlo a cabo es que en cualquier momento nos puedan exigir la devolución de todo el dinero invertido en las viviendas por incumplimiento del convenio firmado y el perjuicio sería mucho mayor para todas las familias". Sin embargo, concluyó que solución no hay.