La empresa Canaragua ha decidido cerrar sus oficinas presenciales, incluyendo la que dispone en Santa Cruz de La Palma, como medida de protección especial de la salud de sus usuarios y empleados ante el coronavirus COVID-19, aunque garantiza la prestación del servicio como gestor del abastecimiento de agua.
La empresa ha tenido en cuenta que el colectivo especialmente vulnerable ante esta enfermedad, que forman las personas mayores, es “con diferencia” el que hace un uso más intenso de los servicios presenciales de atención al cliente. Por ello, “y en aras a colaborar en la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades que dificulten la propagación del coronavirus”, cierra el acceso a las oficinas de atención comercial al público externo.
Canaragua hace especial hincapié en que este cierre no impide atender a las necesidades de los usuarios, dado que sus trabajadores continuarán desarrollando sus tareas y se reforzarán los canales de atención no presencial, en especial a través de la vía telefónica y oficina virtual. “Se garantiza la correcta prestación del servicio y, para lograrlo, se tomarán todas las medidas operativas necesarias que reduzcan la necesidad de trámites presenciales”, sentencia.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de La Palma, Tony Acosta, ha defendido la necesidad “de atender sin alarmismo, pero con rigor todas y cada uno de las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias frente al coronavirus”, por lo que entiende el cierre de la oficina de Canaragua “como una decisión correcta sobre todo cuando se busca la protección de nuestros mayores”. A la vez, ha defendido “la necesidad que la prestación del servicio no se vea en ningún momento afectada”.
