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Los Llanos cuenta con 6,6 millones de remanente para plantar cara al coronavirus siempre que el Gobierno lo autorice

Pleno telemático de Los Llanos.

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, en consonancia con las corporaciones locales del resto de España, exige al Gobierno del Estado que permita a los ayuntamientos a que utilicen el cien por cien de su superávit para medidas de lucha contra el coronavirus. De esta forma, el Consitorio pide que se flexibilice la regla de gasto y las normas fiscales, como medida “absolutamente necesaria para afrontar no solo la crisis sanitaria sino la crisis económica y social fruto de la misma puesto que, su uso se encuentra limitado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria”.

En este sentido desde el Ayuntamiento se asegura que Los Llanos de Aridane contará con un plan económico financiero que le permita cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria para corregir el incumplimiento de la estabilidad de 2019 sin complicaciones. Las arcas municipales cuentan “con la solvencia económica suficiente para acometer las medidas necesarias para ayudar a los vecinos e impulsar la economía del municipio, prueba de ello es la liquidación del presupuesto del año pasado, que arroja que el municipio cuenta con 6,6 millones de euros de remanente de uso general”.

Para ello, desde el Ayuntamiento aridanense y gracias a las aportaciones hechas desde las diferente sectores del municipio, se está confeccionando una batería de medidas para modificar partidas del presupuesto que se destinarán a gasto e inversión que permita a los empresarios y comerciantes locales afrontar la crisis y que sin duda alguna incluirá una línea de subvención a pymes y autónomos, entre otras, como lo ha manifestado la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García Leal, en el primer pleno telemático de la historia municipal celebrado este jueves, 30 de abril.

En el mismo sentido, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane considera que es “indispensable” que se reanuden los plazos para continuar con la contratación de obra pública de forma que pueda ser reactivada a la mayor brevedad. Por lo que “se exige que se permita levantar la suspensión de los plazos para no interrumpir los procesos de contratación de las entidades locales y así agilizar la recuperación económica y del empleo”.

Se plantea, además, que los fondos que provienen tanto del Gobierno Central como de la Unión Europea sean administrados por los ayuntamientos, de tal forma que los recursos lleguen de forma directa a los ciudadanos.

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