El Consejo de Gobierno autorizó hoy, en su sesión del jueves 17 de septiembre, a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 6.654.220,29 euros para prorrogar el contrato del servicio de limpieza en los centros sanitarios y dependencias administrativas que el Servicio Canario de la Salud tiene suscrito con Clece, SA. Afecta a cuatro de sus lotes.
Se trata de los lotes 6, 7, 8 y 13, correspondientes por este orden al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, que se prorrogará del 1 de enero al 30 de abril de 2021, por un importe de 2.178.022,45 euros; al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, que se prorrogará del 1 de enero al 31 de mayo de 2021, por 3.362.116,64 euros; al Hospital General de La Palma, centros de Atención Primaria de esa isla y la Dirección de Área de Salud, que se prorrogará del 1 de enero al 31 de mayo de 2021, por 931.400,29 euros, y a las dependencias administrativas, sedes de las direcciones de áreas de salud de Gran Canaria y Tenerife e Inspección de Tenerife, lote que se prorrogará del 1 de enero al 30 de abril de 2021, por importe de 181.681,23 euros.
El expediente de contratación centralizada de los centros sanitarios y dependencias administrativas del SCS se inició en 2014 por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada. Fue adjudicado en marzo de 2015 en 13 lotes con un plazo de ejecución comprendido entre los ejercicios 2015 y 2019, dependiendo de cada gerencia y de la fecha de entrada en vigor del contrato en todas ellas. Llegado el plazo del vencimiento, los contratos fueron prorrogados hasta el 31 de mayo de 2020 y, posteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esas prórrogas, así como las correspondientes a los cuatro lotes del acuerdo de hoy, tienen por finalidad que las respectivas gerencias dispongan de tiempo suficiente para tramitar los procesos de licitación y adjudicación de los nuevos contratos del servicio de limpieza de forma descentralizada, retrasados por la necesidad de revisar los pliegos técnicos para adaptarlos a la nueva realidad por la pandemia de la COVID-19, mientras se garantiza la realización de un servicio imprescindible para el desarrollo de la actividad sanitaria y administrativa.
