La diputada del PP por La Palma, Lorena Hernández Labrador, ha mostrado su preocupación después de que el Gobierno de Canarias siga sin firmar con el Cabildo de La Palma el convenio para llevar a cabo la valoración para la discapacidad.
“Una actitud -afirma- que no comprendemos, y menos viniendo de la consejería dependiente de Podemos que presume de estar siempre al lado del ciudadano. Esta actitud de indiferencia pone de manifiesto, una vez más, que en Canarias hay islas de primera y de segunda”.
Hernández Labrador señala que en estos momentos hay 1.200 solicitudes en La Palma esperando a ser valoradas, “y a las que el Gobierno de Canarias, pero concretamente la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, debe ofrecer una respuesta”.
Asimismo, recuerda que hasta el pasado 31 de mayo, momento en el que finalizó el convenio, el Gobierno regional permitía que el Cabildo Insular se encargase de la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales, que servían de base para el informe del grado de discapacidad, y que realizaba un equipo de valoración y orientación. “Sin necesidad de salir de la Isla, y que ayudaba a agilizar el proceso. Ahora, la realidad es que desde que expiró este acuerdo desde el Cabildo Insular se ha pedido, en reiteradas ocasiones, su renovación sin que a día de hoy sea una realidad y mientras los casos siguen aumentando”.
La diputada palmera insiste en que “si queremos salir de esta crisis, es necesario que todas las administraciones trabajemos en la misma dirección, y que se escuche las necesidades que tenemos todas las islas, con especial atención las islas no capitalinas”.
