El Cabildo de La Palma aprobó en la sesión plenaria celebrada el pasado viernes una declaración institucional en la que se insta al Gobierno de Canarias a cumplir el compromiso con las universidades públicas canarias de bonificar las segundas, terceras y sucesivas matrículas universitarias, una acción que surge a raíz de una reivindicación del colectivo Libertad Estudiantil.
Este acuerdo, adquirido el pasado 21 de abril, se produjo como consecuencia de la declaración del estado de alarma y posterior confinamiento domiciliario, obligando a trasladar las actividades docentes presenciales a formatos telemáticos, lo que generó dificultades en los estudiantes universitarios para adaptarse a esta nueva modalidad por la ya conocida brecha digital existente en la sociedad canaria, y de la que no se libró la comunidad universitaria.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias intentó combatir este problema social a través del reparto tabletas con conexión a internet para la educación obligatoria, quedando la comunidad universitaria al margen, y teniendo que ser tanto la Universidad de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canarias quienes hicieron frente a ese reparto para intentar finalizar el curso de la forma más exitosa posible ante el nuevo modelo de impartición de docencia que se tuvo que adoptar por la pandemia.
Ante esta situación, las universidades públicas canarias, junto a la Consejería de Educación, llegaron a un acuerdo en el que se comprometían a mitigar, cada parte en su ámbito competencial, los efectos de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Entre las medidas prometidas por parte de Educación, se recogía la bonificación económica de las segundas, tercera y sucesivas matrículas universitarias para el curso 2020/2021 en el decreto de precios públicos que regula el coste de estas.
Esta medida, considerada extremadamente necesaria para los estudiantes universitarios canarios, nunca llegó a materializarse, viéndose afectadas las familias con menos rentas y poniendo en peligro la continuidad de los estudios superiores al alumnado de las islas.
Desde el Cabildo de La Palma se impulsa con la aprobación de la declaración institucional el respaldo a esta medida, considerada fundamental para el correcto desarrollo académico y profesional de las islas y que ataca a unos de los principios básicos de una sociedad moderna, avanzada e innovadora, como es la igualdad de condiciones para acceder a los estudios que se ofertan en el sistema educativo nacional y autonómico.
