Fepeco alerta de que Cabildo y Gobierno canario han encomendado a Tragsa más de 27 millones en obras en tres años

El presidente de Fepeco, la patronal provincial de la construcción, Óscar Izquierdo, considera escandaloso lo que está pasando en La Palma con las encomiendas a Tragsa. “Para un territorio limitado, por su realidad isleña y con una población de derecho de 82.671 habitantes, estas cifras son un ejemplo de que los políticos palmeros, cuando asumen el poder, dicen que defienden lo nuestro y después hacen todo lo contrario. Una realidad incuestionable por los hechos”, afirma.

Según indica la patronal provincial de la construcción, obras que se le han encomendado a la empresa pública estatal, como el Servicio de Mantenimiento de los túneles de la Palma, la finalización Balsa Vicario, las obras de urbanización ZCA Puerto Naos o la redacción/ejecución Tematización Centro de Visitantes Roque de los Muchachos, son “ejemplos significativos del desprecio sistemático a las empresas palmeras y canarias de la construcción, por parte de la administración insular y autonómica, que propician que el dinero que llega a la isla por una puerta, se vaya inmediatamente por otra a Madrid, sin dejar beneficio alguno en el tejido empresarial local”.

En este sentido, señala que el Cabildo de La Palma con 15.470.152,48 euros, un 57,35%, y el Gobierno de Canarias con 11.502.720,13 euros, un 42,65%, han encomendado a Tragsa, en los últimos tres años, un mínimo de 26.973.872,61 euros, que “es mucho más, porque hay tres obras donde las cantidades reflejadas distan mucho de la realidad”.

El presidente provincial de los constructores muestra su indignación porque “así es imposible fortalecer el tejido empresarial local, que subsiste malamente de las migajas, las subcontratas y obras menores, con que intentan callar voces discordantes y reclamaciones justas, ante el atropello permanente que significa mantener esta situación de privilegio vergonzosa”.

La patronal considera que las encomiendas realizadas a Tragsa por el Cabildo Insular o por el Gobierno de Canarias, son trabajos que pueden ser ejecutados por la iniciativa privada, con total garantía y profesionalidad, “como siempre terminan haciéndose a base de la subcontratación, desvirtuándose, por tanto, el objeto principal de esta empresa de capital público en su integridad, que ejecuta obras que nada tienen que ver con su objeto social”.  Y añade que “con este tipo de contratos realizados de modo “impropio”, se viene a plantear un serio problema de competencia desleal respecto al tejido empresarial, particularmente el de perfil local, impidiendo su normal desarrollo, o en su caso, su recuperación”.

Asimismo recuerda que mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de La Palma, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de junio de 2018, se acordó adquirir participaciones sociales de la empresa Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA), concretamente la enajenación de una acción de TRAGSA, de titularidad de la Administración General del Estado, Dirección General de Patrimonio del Estado, por un valor patrimonial de 8.218 euros.