El concejal del CCN en el Ayuntamiento de Tazacorte Aquilino Acosta denunció la irresponsabilidad de la Administración pública en relación a la extracción de los áridos para la ampliación del muelle de Tazacorte y su legalidad y rentabilidad para el municipio
Ante la afirmación de que no se reconocen problemas en las obras del puerto, Aquilino Acosta informó de la misma forma a los responsables de Gobierno relacionados con las mencionadas obras, de las irregularidades e ilegalidades, como reconocen al manifestar que "las obras continúan sin aparente incidencia negativa", aunque se utilicen áridos ilegales, siendo en este caso un delito consumado contra el medio ambiente, explica el edil.
Respecto a que "…si hay algún inconveniente con la obtención de los áridos necesarios (…) es un problema de la empresa adjudicataria…" y a la manifestación de que "… la obra va bien, se desarrolla dentro de los límites de la normalidad…", ni nosotros, ni ningún ciudadano entenderá cómo pueden traspasar el problema a la empresa adjudicataria o si acaso en la adjudicación no tuvieron en cuenta o les dio igual que los áridos fueran o no ilegales.
Asimismo considera que hacer estas afirmaciones es obviar los limites de la legalidad, que es lo que se denuncia y que "nadie, absolutamente nadie, ponga en duda el deseo del concejal que suscribe y su partido de que el muelle se amplíe, por supuesto que sí, pero, ante todo, amparado en la legalidad y con la seguridad que tiene que llevarse en toda obra como ésta, que se hace con dinero público". "Procurando en todo momento tanto por parte del Gobierno como de los mandatarios locales no solo en dar puestos de trabajo para nuestros ciudadanos de Tazacorte, sino procurar rentabilizar todo tipo de posible beneficio, dada cuenta que en su momento se contó con ello mediante la licencia de desmonte (aproximadamente unos 600.000 Euros),que se solicito con tal fin, hoy sin conceder, a pesar de que la provisión de áridos se incluyó en el proyecto presentado para la adjudicación de las obras, por la empresa adjudicataria y sin embargo, está utilizando áridos ilegales y esto pudiera suponer incluso la descalificación para ejecutar obras públicas en todo el archipiélago canario".
Y en cuanto a que la Administración se mantenga al margen por considerar, según manifiestan, que "… es la empresa la que tiene que solventar el supuesto conflicto abierto…", solo "haremos referencia a lo sucedido en el territorio nacional cada vez que algo así sucede siendo la administración la responsable subsidiaria de todo lo ocurrido".
Además, considera que "no hará falta recordar que la Administración cuenta con todos los mecanismos e instrumentos jurídicos para evitar, (en aras del interés general, que por otra parte no cabe la menor duda han de respetar), estos delitos contra el medio ambiente y otros que se pudieran dar, debido al continuado tráfico y malestar que ocasiona en el municipio el transporte pesado constante".
