El Gobierno central amplía en 9 millones las ayudas para damnificados en La Palma

El Gobierno ha celebrado este martes una nueva reunión de la Comisión Interministerial para la Ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma con el objetivo de dar un nuevo impulso al paquete de medidas y ayudas destinadas a la recuperación de la isla ante la emergencia volcánica.

La reunión ha dado cuenta de la autorización, en el Consejo de Ministros de este mismo martes, de la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar una ampliación de crédito, por un importe de 9 millones de euros, para atender a la concesión de ayudas a entidades locales, familias e instituciones afectadas por la emergencia volcánica en La Palma.

Al mismo tiempo, el Gobierno también ha aprobado en Consejo de Ministros una modificación del Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada, que flexibiliza los requisitos para ampliar el vencimiento de las operaciones financieras con aval público.

Este nuevo impulso a la recuperación de La Palma refleja el compromiso del Gobierno de movilizar todos los recursos y esfuerzos necesarios para que los afectados por la crisis volcánica no tengan que empezar de cero y puedan recuperar la normalidad lo antes posible.

MÁS 225 MILLONES DE EUROS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ISLA
El Gobierno ha desplegado una amplia batería de medidas desde que se activara la emergencia volcánica en la isla.

En total, más de 225 millones de euros canalizados a través del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma, destinado a la recuperación de la isla a través de ayudas y medidas urgentes y de futuro.

En los primeros días de la crisis volcánica, el Gobierno transfirió al Ejecutivo canario 10,5 millones de euros, destinados a la adquisición de 107 viviendas y enseres de primera necesidad.

En una segunda fase, el plan estableció ayudas directas para los afectados y medidas de impulso para la recuperación de la isla, con un importe estimado de más de 206 millones de euros.

Hasta la fecha, el Consorcio de Compensación de Seguros ha aprobado indemnizaciones por valor de 42,5 millones de euros, de los que 37,17 millones de euros van destinados específicamente a vivienda, 4,9 millones de euros a comercios y casi medio millón a industrias y vehículos.

Asimismo, se encuentran en tramitación expedientes por valor de 48 millones de euros adicionales, lo que supone un coste estimado total de 90,5 millones de euros.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo aprobó, a principios de noviembre, una exención tributaria en el IRPF y el Impuesto de Sociedades para todas las ayudas públicas recibidas en La Palma por la destrucción de edificios y viviendas.

Además, el Gobierno ya ha tramitado casi 300 peticiones de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias por valor de 443.646 euros.

COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES DE LA PALMA
El empleo es una de las materias en las que el Gobierno ha fijado el foco de su acción en La Palma y más de 1.100 trabajadores se han acogido ya a los ERTE específicos aprobados para la isla, que apuntalan el Plan Extraordinario de Empleo y Formación para La Palma, dotado con 63 millones de euros, para garantizar oportunidades, empleo y estabilidad a los trabajadores de la isla.

Dentro de las medidas extraordinarias en materia de protección de trabajadores autónomos, el Gobierno ha recibido hasta la fecha 476 solicitudes por cese de actividad, de las que 258 han sido ya tramitadas.

En total, casi el 10% de los trabajadores de La Palma afiliados a la Seguridad Social se encuentran actualmente protegidos por las ayudas desplegadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Dos de cada tres trabajadores protegidos corresponden a los sectores de hostelería (casi un 40% del total), comercio (un 16%) y agricultura e industria alimentaria (un 10%).

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ha puesto al servicio de los trabajadores de La Palma un barco de la Armada para facilitar el traslado a sus puestos de trabajo de los agricultores de las zonas afectadas por la erupción.

MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS
A las primeras acciones en materia de vivienda y empleo se suman varias partidas aprobadas con carácter de urgencia, como los 18,8 millones de euros que el Gobierno transfirió a Canarias a mediados de noviembre en ayudas en materia de pesca y agricultura.

A su vez, el Gobierno ha modificado los requisitos comerciales para permitir la comercialización de los plátanos dañados estéticamente por la ceniza del volcán.

A estas cifras se suman los 2,5 millones de euros que la comunidad canaria recibirá para el desarrollo de proyectos de investigación científica en torno a la erupción volcánica y los 5 millones de euros en materia de gastos de personal y gastos corrientes destinados a ayuda a domicilio, gestión de alojamientos, apoyo social, psicológico, educativo, así como a ayudas directas para las familias afectadas.

Además, el Gobierno ha autorizado la transferencia de 4 millones de euros destinados a la reparación de instalaciones de suministro de agua, materia en la que el Gobierno ha centrado parte de sus esfuerzos a través de la instalación de desaladoras que permitan suplir la falta de agua de riego; y de la acción sobre el terreno del barco de agua de emergencia, que facilita, desde el 26 de octubre,
el suministro efectivo de agua a la zona afectada por la crisis volcánica.

Al nivel europeo, el Gobierno ya ha activado los mecanismos para contar con la ayuda y solidaridad europeas: España ha comunicado formalmente a la Comisión Europea su intención de solicitar la puesta en marcha del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para La Palma.

La reunión de la Comisión Interministerial celebrada este martes, presidida por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha contado además con la participación de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Hacienda y Función Pública; Interior;
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Industria, Comercio y Turismo; Agricultura, Pesca y Alimentación; Política Territorial; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Derechos Sociales y Agenda 2030.