Rafael Yanes considera "inadmisible" que la ciudadanía tenga que esperar en la calle para ser atendida por la Administración

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha dicho este jueves que la administración pública se “ha alejado” de los ciudadanos a raíz de la pandemia sanitaria y ha tildado de “inadmisible” que algunas hagan esperar a la gente “de pie, al sol y bajo la lluvia, y solo pueden entrar de uno en uno” cuando desde hace muchos meses se accede con normalidad a supermercados o restaurantes.

En una rueda de prensa tras presentar el informe anual ante la Comisión de Gobernación, Justicia y Seguridad, ha comentado que hay que “tomar medidas” y en ese sentido, ha propuesto que se elimine la atención telefónica a través “de una máquina” y sea personalizada pues muchas personas “se pierden en un laberinto de números”.

Yanes ha puesto como ejemplo de la “gravedad” de la situación la atención que presta la Seguridad Social en Canarias –las quejas a la Diputación han crecido un 96%– pues muchas a veces se trata de un teléfono “que no contesta y cuando lo hace” da una cita en otra isla.

Ha apuntado que la falta de personal se agravó a partir de 2011 al eliminarse la reserva de plazas para Canarias y otros territorios alejados de la Península por lo que ha instado a “reponer” el personal perdido pues hay muchas prestaciones que no se están atendiendo adecuadamente.

En esa línea ha subrayado que el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición No de Ley en la que se solicita la mejora del servicio. Ya se ha trasladado al Defensor del Pueblo y están a la espera de respuesta. “Es un clamor”, ha comentado.

Sobre la dependencia en las islas, que presenta el mayor volumen de quejas, ha anunciado que la Diputación del Común ya ha terminado el informe extraordinario que se presentará ante la Cámara regional el próximo jueves.

Ha indicado que el informe, con datos del Ministerio de Derechos Sociales, de los cabildos, del Gobierno regional o del Defensor del Pueblo, “es muy claro”, y con las aportaciones de las asociaciones del sector, está convencido de que será un “punto de inflexión” para mejorar la dependencia en el archipiélago.

Los datos recogidos en el informe de la Diputación del Común sobre 2021 confirman su línea ascendente como servicio público hasta el punto de duplicarse el número de personas que acude a sus oficinas durante los últimos cuatro años.

“Este año hemos gestionado 5.099 expedientes: 3.671 del año 2021 y 1.428 de años anteriores”, aseguró Yanes.

Además, la pandemia desembocó en graves dificultades de la población para acceder a la administración pública, lo que originó un gran volumen de reclamaciones durante el ejercicio 2021.

A tal respecto, la Diputación del Común reforzó el servicio telefónico con el número gratuito 900 928 922, en el que recibió más de 10.000 llamadas, así como modernizó su página web con la posibilidad de presentar quejas por vía telemática con firma manual.

LA PALMA, EN CABEZA

En cuanto a las islas, La Palma sigue siendo la que más usa esta herramienta en relación con su número de habitantes, triplicando los datos de Gran Canaria y los niveles de participación de Lanzarote y Fuerteventura crecieron un 35% y un 57%, respectivamente.

Con respecto a las áreas de gestión de la Diputación del Común, el 27% de las quejas ciudadanas fueron de Dependencia y Discapacidad.

Asimismo, también se destacaron las quejas por desahucios, que duplicaron las del año 2020, o las de discapacidad, que crecieron un 44%. Sin embargo, se hizo especial hincapié en la sanidad pública y en las listas de espera para ser atendidos por el personal médico especialista.

“Tardamos una media de 118 días para ser atendidos por un especialista, y de 144 para las operaciones quirúrgicas. Hemos terminado el año con más de 30.000 pacientes en lista de espera, una cifra muy superior a la media por habitante del resto del país”, indicó.

El Diputado del Común arrojó un dato positivo y mostró su satisfacción ante la respuesta de la administración pública a las peticiones de la institución, puesto que el número de recordatorios de deber legal disminuyó un 63%, el de advertencia un 52% y no existió ninguna declaración de obstruccionismo durante el ejercicio 2021.

“Este resultado se debe al trabajo de acercamiento que hemos llevado a cabo con la administración pública, y que la ha sensibilizado con nuestras peticiones de informe”, comentó.