El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte prefiere mantener silencio ante el proceso abierto por los Tarajales. Así lo manifestó el primer teniente de alcalde de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, cuando este periódico se puso en contacto con él para valorar la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que viene a corroborar que el suelo de Los Tarajales es urbano.
El dirigente de Unión Bagañeta-Coalición Canaria (U-CC) se limitó a decir que "este asunto se va esclareciendo" y consideró que la decisión del Tribunal "es una alegría para los que hemos defendido el interés general y una pena para quienes han defendido el interés partidista y particular, y no digo más porque estoy acatando un acuerdo del grupo de gobierno de no hablar más de Los Tarajales".
Por tanto, se deduce que el grupo de gobierno municipal al igual que el Ejecutivo canario, tal y como manifestaba ayer el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Pulido, interpretan la decisión del TSJC como un espaldarazo a la legalidad de su actuación en Los Tarajales, al corroborar la naturaleza urbana de este suelo.
Esta posición del TSJC entra en aparente contradicción con el fallo del Tribunal Supremo que daba por válido el deslinde de Costas de 100 metros, frente a los 20 metros que existían con antelación, lo que hace inviable el desarrollo urbano de esta zona que, sin embargo, el TSJC ratifica ahora que es suelo urbano.
Este nuevo capítulo del caso de Los Tarajales hace aún más complejo el proceso y no permite atisbar un desenlace claro del mismo, a tenor de las contradicciones que existen incluso entre los distintos órganos judiciales. Un caso de por sí complejo, con más de una treintena de imputados, entre los que figura el actual consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel. Complejidad que se ha puesto de manifiesto con el último auto de la juez que instruye el caso, que ha decidido abrir tres piezas separadas para investigar otras tantas actuaciones que podrían estar relacionadas con este caso.
Como se puede leer en dicho auto, tanto por la investigación del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Sección de Investigación Criminal de la Policía Juidicial como la declaración de un perjudicado, derivan hechos conexos, tanto por el marco en el que se desarrolla, la aprobación de las Normas Subsidiarias de Tazacorte y el posterior Plan General, como de las personas que podrían resultar implicadas y que pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación, estafa, tráfico de influencia, contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.
