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Breña Baja ya cuenta con protocolo de protección para las víctimas de violencia de género

  • El alcalde y el director insular de la Administración del Estado lo suscribieron

Un momento de la firma del Protocolo de protección para las víctimas de violencia de género en Breña Baja. En la imagen, Borja Pérez, Miguel Ángel Morcuente y Pedro Peinado.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Breña Baja acogió en días pasados la firma del Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y La Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género, haciendo así realidad el compromiso de las instituciones para trabajar conjuntamente contra esta lacra social.

En la firma estuvieron presentes el director insular de la Administración General del Estado, Miguel Ángel Morcuende, el alcalde Breña Baja, Borja Pérez, el teniente de la Guardia Civil, Pedro Peinado, la jefa de la Unidad Contra la Violencia sobre la Mujer, Alicia Pérez Bravo y el concejal de Asuntos  Sociales, Igualdad e Infancia y Empleo, Francisco J. Martín Castañeda.

El alcalde recordó que "el municipio de Breña Baja es pionero en muchos aspectos de Asuntos Sociales y decidió sumarse con prontitud a este protocolo que garantizará que las víctimas de violencia de género del municipio cuenten con un servicio óptimo, eficaz y destinado exclusivamente a esas personas". También deseó que "protocolos como este pronto sean algo del pasado y nuestra sociedad alcance el grado de madurez necesario para que la lacra de la violencia de género desaparezca definitivamente".

Por su parte, Fran Martín Castañeda afirmaba que "con este acuerdo se pretende proporcionar a las víctimas una respuesta policial eficaz en las situaciones de riesgo y marcada por la sensibilidad y calidad en la atención y protección, evitando actuaciones que supongan un incremento de la victimización y la duplicidad de intervenciones".

Además, dijo, se busca facilitar la transmisión de información relevante para la protección de las víctimas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los órganos judiciales. Así como garantizar la coordinación y colaboración policial con los recursos públicos y no gubernamentales dedicados al apoyo jurídico y psicosocial de las víctimas.

La firma de dicho protocolo atiende a la Ley Orgánica 1/2004, de 29 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, donde se establece la necesidad de "coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo, de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género".

"El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente ley".

 

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