Los nuevos edificios judiciales de la Isla no son "prioritarios" para el Gobierno canario

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso, reconoció en su primera visita a los juzgados de la Isla que no hay dinero para ejecutar unos nuevos edificios judiciales como vienen demandando desde hace años los palmeros. Aarón Afonso señaló que en el acuerdo de gobernabilidad formalizado por las dos fuerzas políticas que apoyan al Gobierno canario está previsto elaborar un plan de infraestructuras judiciales para los próximos años y que dentro de esas infraestructuras los partidos han priorizado la necesidad de un nuevo edificio judicial en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y otro edificio judicial en Santa Cruz de Tenerife.

"Como saben en estos últimos años ha habido dificultades de financiación de la Comunidad Autónoma y las partidas presupuestarias que se han podido destinar para poder abordar proyectos de envergadura como son la construcción de nuevos edificios judiciales han estado limitadas", señaló el consejero para añadir que "en este momento hay que ser realistas y muy claros ante esa pretensión que se efectúa desde La Palma y no crear expectativas que en este momento no estamos en disposición de poder cumplir".

No obstante, indicó que todo lo que guarda relación con edificios que albergan a órganos judiciales también de la Isla, habrá que tratarlo de manera conjunta con los decanos de los partidos judiciales, con la sala de Gobierno del TSJ y con presidencia de la Audiencia Provincial para ver si existen alternativas coyunturales que puedan mejorar las condiciones en las que se encuentran los órganos judiciales de la Isla.

Por otro lado, el  consejero de Presidencia dijo no tener conocimiento de que en La Palma se estén suspendiendo juicios, como denunció recientemente Ciudadanos, por problemas telemáticos. Aarón manifestó que no tenía constancia de ello pero se comprometió a informarse en los partidos judiciales de la Isla y en el ámbito de la dirección general de Relaciones con la Administración de Justicia para "conocer si ha habido algún problema puntual que podamos resolver".

Aarón Afonso recordó que "en el ámbito de la administración de justicia estamos en un proceso continuo de modernización, no sólo en Canarias sino a nivel nacional. Como saben se han efectuado distintas modificaciones legislativas en este último tramo de legislatura a nivel estatal, que implican que por parte de la administración de justicia de Canarias se haya marcado una plan de trabajo para poder culminar antes de que finalice el mes de enero el proceso de formación que requiere el personal de lo que debe ser a partir del 1 de enero de 2016 la presentación telemática de cualquier escrito que tenga entrada en un juzgado como consecuencia de los procesos judiciales en curso".

Respecto a los problemas informáticos que puedan haber, recordó que el sistema de gestión procesal que tiene la Comunidad Autónoma, que es el Atlante, ha sido reconocido a nivel nacional con el premio de la calidad de la justicia 2015 por parte del Consejero General del Poder Judicial.  

Otro asunto por el que fue cuestionado el consejero fue el relativa a las quejas que existen sobre el retraso de los casos por una excesiva rotación de los jueces en la Isla, a la que suelen llegar como primer destino durando poco, lo que hace que los casos pasen de juez en juez y se vayan retrasando. A este respecto recordó el consejero que la movilidad de los jueces es una competencia que corresponde al Consejo General del Poder Judicial, si bien reconoció que "en el ámbito de la Administración de Justicia en Canarias tenemos el problema de que el porcentaje de interinidad del personal con el que contamos es elevado. Aproximadamente el 45% de nuestra plantilla son interinos y por eso en esta legislatura estamos tratando de apostar por reforzar la formación y la preparación que debe efectuar la ciudadanía canaria para procesos selectivos que se convoquen en las islas para poder estabilizar la plantilla y evitar que cuando se celebran los concursos, una vez obtengan plaza en Canarias transcurridos dos años retornen a sus lugares más próximos de residencia, en este caso normalmente en la Península; eso es un problema que se deriva al ámbito de movilidad de los jueces y, evidentemente, esa preocupación también se la hemos trasladado a los órganos competentes del Estado".