Ana García exige explicaciones al alcalde por el "incumplimiento masivo" de la Ley de Contratos

Ana García, la portavoz del PSOE en Breña Baja, exige explicaciones al alcalde por el “incumplimiento masivo” de la Ley de Contratos, que se ha puesto de manifiesto en el Informe de Resoluciones de Intervención del Ayuntamiento llevado a pleno el 16 de marzo, en el que figura un listado de 30 expedientes con facturas por un valor de casi un millón de euros (919.000 euros) que no cuentan con con los mínimos requisitos de transparencia, democracia, concurrencia competitiva…y que muy probablemente les sale más caro al municipio que si existiera licitación y control de gasto. 

Ana García afirma que teniendo en cuenta que el presupuesto de 2022 ascendió a 6,8 millones y que la mitad se destinó a sueldos de personal, “un millón de euros es una cantidad abultada para saltarse la legalidad vigente, sin urgencia y sin emergencia, que serían supuestos aceptables”. 

La portavoz socialista destaca que se trata de contratos verbales, a dedo, sin que pueda existir control de precios por parte de Intervención o libre competencia. “Se incumple de forma evidente y notoria la normativa de contratación pública, con el uso indebido reiteradamente en el tiempo de la figura del contrato menor”, subraya la concejala, quien añade que los importes anuales de numerosas empresas que trabajan para el ayuntamiento superan ampliamente los límites cuantitativos establecidos para la contratación menor. “Además, son de naturaleza estructural (no son emergencias), se repiten en el tiempo, se fragmentan facturas por el mismo concepto”.

El caso más apremiante, tal y como lo pone de manifiesto de forma reiterada la Intervención del Ayuntamiento de Breña Baja (Informe de Análisis de Riesgos Expediente 326/2023), es el control de la recaudación municipal. La empresa externa que lleva realizando el servicio desde los años 90 del siglo pasado, no tiene contrato. Y además la aplicación informática que usa es distinta a la del ayuntamiento con lo que es muy difícil para la Tesorería local y para la Intervención poder ejercer las funciones propias de control y fiscalización. Urge, añade, licitar el servicio y usar el mismo aplicativo o bien volver a internalizar. Además, intervención señala una y otra vez que se necesita personal para gestionar contratación, sin que hayan cambios o se pongan soluciones sobre la mesa.

Ana García señala que esta situación pone de manifiesto la absoluta desorganización y desidia que preside a este grupo de gobierno del Partido Popular, que ha conseguido paralizar cualquier acción productiva y de desarrollo municipal, centrando sus únicos esfuerzos en programar festejos y ocio.

De hecho, denuncia, las redes sociales del Ayuntamiento son más propias de un organizador de eventos y festejos que de un ayuntamiento que vela por el interés general de la ciudadanía. “No hay programación económica o social que vaya más allá de la repetición año tras año de las mismas iniciativas, sea en tiempo de crisis o en año de bonanza. Ante los problemas no hay soluciones. Todo sigue igual”, agrega. 

La portavoz del PSOE reclama al alcalde que explique dónde están los expedientes y cómo puede ignorar la legalidad vigente. “Tanto que se jacta de transparencia, es fundamental que explique a los vecinos  cómo se hacen las contrataciones con los fondos públicos, con qué criterio, dónde están los informes de contratación y qué proceso de contratación siguen”. “Máxime teniendo en cuenta que también es senador por la isla de La Palma”, destaca.

Ana García recuerda que en marzo de 2022, poco después de su toma de posesión como concejala del Ayuntamiento (febrero 2022), pidió explicaciones sobre la realidad económica municipal y los contratos con empresas de servicio. “Tras varios desencuentros y peticiones, el alcalde accedió a la exigencia del PSOE para ponerse al día con la ley de contratos (vigente desde 2017) con un plan de regularización de las situaciones que son objeto de reparo y/o omisión por parte de la Intervención, licitando en función de las posibilidades de los medios con que cuenta esta entidad local”. 

Pero la realidad, tal y como se ha puesto de manifiesto en el citado informe, es que un año después, y a pesar de que supuestamente se pusieran manos a la obra, solo se han solventado convenios con asociaciones y los grandes importes con empresas siguen sin licitarse. Así hay numerosas empresas a las que se les pagan servicios superiores a los 15.000 euros anuales, gastos previsibles y planificables que todavía están sin licitar. Algunos de ellos, citando textualmente el informe del interventor, que llevan sin contrato desde los años 80 y 90 del siglo pasado por importes superiores a los 80.000 euros.

Ana García subraya que “aceptamos y exigimos un plan de regulación, pero es más que evidente que no se están regularizando los servicios por orden de gravedad, de importe y no se ha establecido un orden de prioridad. Es más, no se nos ha presentado el plan de regularización con límite de tiempo sino un mero esquema borrador. No tenemos copia y, por tanto, no sabemos si se cumple el plan o podemos aceptarlo si no lo hemos consultado. Esto es una falta de respeto a la oposición pero también a la ciudadanía. El alcalde debe rendir cuentas al municipio de Breña Baja”.