Los ecologistas presentan alegaciones al nuevo trazado de la carretera de Las Tricias a Llano Negro

Los ecologistas canarios han presentado alegaciones al nuevo trazado de la carretera de Las Tricias a Llano Negro por las consecuencias medioambientales, socioeconómicas y funcionales que este proyecto puede suponer para Garafía y La Palma, en general.

En concreto, según indican en un comunicado, desde los Colectivos federados, Asociación Biocultural La Foresta y Turcón Ecologistas en Acción de Gran Canaria, contando con el apoyo de la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción de Canarias y La Centinela Ecologistas en Acción de La Palma, se han remitido las correspondientes alegaciones como parte interesada en este procedimiento, “siendo así partícipes junto a otros muchos colectivos sociales y personas a título individual que han manifestado su rechazo frontal a este nuevo e insostenible macroproyecto de carretera que, de ninguna manera va a solucionar las carencias y dificultades que actualmente padece el municipio”, afirman.

Para las Organizaciones de Defensa Medioambiental, las consecuencias sociales, económicas y medioambientales de esta obra podrían ser “irreversibles si no lo remediamos”. Así, indican que a “la desmesurada cantidad de 85 millones de inversión (sin contar los más que seguros sobre costes añadidos), 6 km de asfalto, 9 viaductos, gran cantidad de hectáreas de parcelas de cultivo eliminadas, más de 43 bienes patrimoniales afectados directamente (sin contar las afecciones indirectas por la zona de influencia), 5 años de obras, se uniría también la incomunicación de varios barrios del municipio (Cueva de Agua, Las Tricias, El Castillo, Los Colmeneros, Catela y otros núcleos) por la ausencia de conexiones con la nueva vía y una transformación radical de uno de los mejores atractivos turísticos de Garafía: su entorno rural”.

Este proyecto, según denuncian, viene a perpetuar una política de obras públicas en carreteras totalmente desfasada y que no tiene en cuenta la realidad de cada localización, su orografía, sus gentes, sus costumbres; muy al contrario pretende imponer un modelo de “anillos insulares” en todas las islas a costa de lo que sea.

La justificación de la necesidad de esta carretera parten, dicen, “de premisas infundadas y tendenciosas, cuando no falaces”. “La pretendida reducción de las distancias en más de la mitad del recorrido, la disminución del tiempo en 12 minutos, la reducción de la peligrosidad o del consumo de los vehículos, la mejora de la conectividad de los pueblos del norte con el resto de la isla, no se sostienen con ningún tipo de estudio riguroso de movilidad, siniestralidad o conectividad que avale tales datos además de referirse tan sólo a un tramo entre dos núcleos (Las Tricias y Llano Negro) y no cuenta para nada con el principal núcleo poblacional que es Santo Domingo, donde residen más de 400 personas que no se beneficiarán de este recorte de tiempo y distancia planteado ya que seguirá siendo más rápido y fácil llegar a Puntagorda por la actual LP-114”.

Sin embargo, añaden, no se han tenido en cuenta la eliminación de casi 200.000 m2 de vegetación y zonas de cultivo, de la contaminación producida por la propia construcción de la carretera, de potenciar aún más el uso del vehículo privado en detrimento del transporte público entre otros, aspectos que sí contribuyen a aumentar la huella ecológica y el calentamiento global.

“Pensar que esta nueva carretera va a suponer una mejora de la conectividad de los pueblos del norte con el resto de la isla, es no tener una visión clara de las auténticas necesidades o demandas de los mencionados pueblos”, sostienen los ecologistas. Este tipo de “vías rápidas” hacen de la “supuesta conectividad una forma más rápida de abandonar los pueblos imposibilitando precisamente las sinergias socioeconómicas. Es evidente que la mejora de las carreteras existentes hace que los núcleos puedan asentar población y mantener el arraigo con el territorio”.

La filosofía de los programas de actuación del Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda del Estado (PITVI) y de las Instituciones Europeas se basa, a juicio de los colectivos ecologistas, en una visión global de la política de transporte centrada en la mejora de los servicios desde la óptica de la sostenibilidad y eficiencia económica. Así, los programas de actuación se orientan a la optimización de las infraestructuras existentes y a la realización de una planificación adecuada a las necesidades reales, dando prioridad al mantenimiento frente a la inversión en nueva infraestructura.

Por último, destacan la “gran cantidad de errores de escritura y omisiones en el propio texto del proyecto, incorrecciones en el presupuesto que da la impresión de ser hechos con prisa y poco rigor. Por no decir de la cantidad omisiones e imprecisiones del Estudio de Impacto Ambiental realizado por Evalúa Soluciones Ambientales S.L. que no goza precisamente del necesario rigor o transparencia”.

Para los ecologistas, el futuro de Garafía tendría que pasar por “estrategias imaginativas que convirtieran vivir en Garafía en garantía de calidad de vida, dotar al municipio y a la comarca de los servicios esenciales de los que históricamente ha carecido, en políticas de desarrollo endógeno que revierta la tendencia a la despoblación y que disminuya la necesidad de desplazamientos”.

Apostar, dicen, por nuevas y rápidas infraestructuras viarias en vez de mejorar las existentes hará que “ir a Garafía” se convierta en “pasar por Garafía o, lo que es peor, pasar de Garafía”.