El diputado del Común pide "un vuelco presupuestario" en las políticas sociales

El diputado del Común, Rafael Yanes, ha exigido este jueves a las administraciones canarias “un vuelco presupuestario” en políticas sociales ante la constatación, un año más, de la incapacidad de cumplir la legislación para garantizar los derechos de las personas más vulnerables, algo “inaceptable”.

“Llevo seis años con esta lucha y hasta el último día exigiré a la administración” ese objetivo, ha dicho en rueda de prensa sin aclarar si tiene aspiraciones de repetir en el cargo y tras entregar el informe de 2023 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez.

Rafael Yanes ha detallado que las quejas relacionadas con los servicios sociales son las que más han aumentado, principalmente por la demora en la resolución de la renta canaria; y que siguen siendo mayoritarias las relativas a dependencia y discapacidad.

Ha hecho hincapié en que los plazos de resolución de los expedientes de la renta canaria alcanzan los 16 meses, cuando por ley deben ser tres; los de resolución de grado de discapacidad, de 60 meses, por los seis estipulados desde el pasado abril, cuando hasta entonces eran la mitad; y los de concesión de ayudas a la dependencia, de 23 meses por los seis previstos.

Todos estos incumplimientos, ha insistido el diputado del Común, obedecen a “la insuficiencia presupuestaria” de las políticas sociales en Canarias, a las que se dedican un gasto por habitante al año un 35% inferior a la media nacional, y la mitad si se compara con Extremadura.

Yanes ha recalcado que Castilla y León, con un 10% más de habitantes, “gasta solo en dependencia más dinero que Canarias en toda la Consejería: dependencia, discapacidad, prestación canaria y menores”.

La consecuencia de todo esto es que si alguien presenta hoy una solicitud de dependencia, en Castilla y León la tendría resuelta antes del 28 de julio, mientras que si lo hace en Canarias tendría que esperar hasta 2026.

“Eso, si no fallece”, ha apostillado, ya que el año pasado murieron 2.300 personas apuntadas a la lista de espera en el archipiélago, “una cada cuatro horas”.

Preguntado por la evolución de los datos de dependencia en un año partido entre dos legislatura, la décima, con el Gobierno del ‘pacto de las flores’, y la actual, la undécima, con CC, PP, AHI y AHI a los mandos, Rafael Yanes ha señalado que este es un debate “en el que no entramos” en la Diputación del Común.

Ahora bien, ha indicado que los datos de dependencia mejoraron en 2022 y 2023, pese a lo cual “seguimos siendo los peores de España en el dato más importante: cuánto tardamos en dar las ayudas”.

Rafael Yanes ha vuelto a insistir en la necesidad de invertir en políticas sociales al recordar que en 2007 se creó el servicio de dependencia, y entonces se dotó con 57 valoradoras, y hoy por hoy la relación de puestos de trabajo sigue siendo la misma.

Eso, con la diferencia de que entonces había en Canarias 240.000 personas mayores de 65 años y hoy son 400.000, y dentro de diez años serán 600.000, ha advertido.

El diputado del Común ha incidido en que no le consta “ninguna previsión de modificar la relación de puestos de trabajo en Dependencia y Sanidad para atender a esa población mayor que crece día a día”.

Sobre Sanidad, ha explicado que el informe de la Diputación del Común basa su análisis en la comparativa con otras comunidades autónomas, y la conclusión es que “en operaciones y en consultas a especialistas somos los últimos”.

En cuanto a Discapacidad, ha afirmado que los incumplimientos en Dependencia “son tan grandes que hacen que pasen desapercibidos los gravísimos incumplimientos” en esta materia, pues se dan casos de esperas de hasta cinco años por el reconocimiento de grado, razón por la cual la Diputación del Común elaborará un informe monográfico.

Rafael Yanes se ha mostrado satisfecho por el “trabajo serio, riguroso” de los trabajadores de la Diputación del Común, una institución que, ha dicho, es acreedora de la confianza de “un cada vez mayor número de personas”.

En 2023, la institución recibió 2.940 nuevas quejas (un 0,51% más que en 2022) y el 64% de los expedientes se resolvieron en favor de los intereses de la ciudadanía.

En el área de Política Territorial disminuyeron un 4,86% las nuevas quejas; en la de Medio Ambiente descendieron un 22,22%; en Obras Públicas aumentaron un 28,57%; en Vivienda cayeron un 43,72%; en Seguridad Pública crecieron un 3,9% y en Economía y Hacienda, un 4,96%.

En el capítulo de Servicios Urbanos las quejas se dispararon un 74,51% (abastecimiento de agua potable y falta de limpieza en espacios públicos, fundamentalmente); en Servicios Públicos aumentaron un 1,38% y en Actividades Clasificadas, un 20,4%; en Educación descendieron un 32,03% y en Cultura, un 25%; y en Deportes se igualaron las 12 quejas de 2022.

En Turismo y Transporte aumentaron de 36 a 38; en Discapacidad crecieron un 13,14%; y en Contratación Pública disminuyeron un 50%.

En el área de Justicia aumentaron un 68,33%, y en Comercio y Consumo, un 48,38%; en Salud y Sanidad Pública bajaron un 6,02%; en Servicios Sociales se incrementaron un 80,29%; en Seguridad Social crecieron un 6,71%; en Trabajo y Función Pública aumentaron un 35,36%; en Migraciones se igualaron las 45 quejas de 2022.

Las quejas relacionadas con Menores descendieron un 39,39%; en Mayores aumentaron un 43,75%; en el área TIC se igualaron las 27 quejas del año anterior; y las relacionadas con la erupción volcánica en La Palma cayeron casi a la mitad: de 86 a 37; y en Igualdad y Violencia se recepcionaron 35 nuevas quejas y se incoraron de oficio tres expedientes.