La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas impulsado por el Gobierno de Canarias, con catorce medidas entre las que se encuentran una moratoria temporal al alta de nuevas viviendas vacaciones y una “ecotasa” que repercuta en “solventar el problema” de la vivienda, entre otros puntos.
En rueda de prensa la presidenta de Ascav, Doris Borrego, ha incidido en que el objetivo es regular y ordenar la actividad “desde el punto de la vista de la sostenibilidad” y, a diferencia del texto de la Consejería, este tiene “carácter inclusivo sin apisonar al sector y eliminar las viviendas vacacionales actuales, mientras se excluye a las familias de un turismo “que es patrimonio de todos los canarios”.
Borrego ha expuesto que el texto propuesto por la Ascav, “que tiene medidas más duras que las del anteproyecto de ley” y fue registrado el viernes pasado, se sustenta en catorce puntos fundamentales entre los que sobresale una moratoria temporal con la que no se podrán dar de alta más viviendas vacacionales en los municipios donde exista más del 10 por ciento sobre el parque de vivienda, un 20% en La Palma, La Gomera y El Hierro.
Esta medida tendría vigencia de un año para dar “tiempo más que razonable” a los ayuntamientos que, si en este plazo no han ordenado ni regulado las viviendas vacacionales, quedará sin efecto la moratoria.
Otra de las medidas claves de la enmienda de la Ascav recae en crear una ‘ecotasa’ o tasa de solidaridad turística a todos los alojamientos turísticos con la finalidad “controlada para distribuir y ayudar en el problema de la vivienda”, para conservar el medioambiente, para que el Gobierno canario garantice el alquiler residencial o se dedique a la promoción de vivienda pública, donde Canarias está a la cola de Europa en vivienda de protección oficial por habitante.
En este sentido, Ascav ha propuesto que el Gobierno de Canarias impulse un incentivo para favorecer el aumento de viviendas en alquiler residencial para quienes deseen cambiar de alquiler vacacional a residencial y para insertar en el mercado las 211.000 viviendas vacías que hay en Canarias.
Borrego ha señalado que el Gobierno canario debe servir de garante al propietario para que perciba la renta en caso de impago, “siempre a precio de mercado”, y, de esta manera, paliar el “grave problema de inseguridad jurídica que ha generado la ley de vivienda” que, ha proseguido, provoca que dueños prefieran tenerlas vacías a en alquiler por miedo a impago o por interminables procesos judiciales.
Además, ha manifestado ser consciente de que es “una medida valiente”, pero que es necesaria y, por ello, ha insistido en que el Gobierno de Canarias debe asumir la responsabilidad para actuar porque en las islas hay 5 veces más vivienda vacías que las necesarias, ha apostillado.
El texto también recoge la caducidad de las declaraciones responsables de aquellas viviendas que se han dado de alta pero no se dedican a la vivienda vacacional, una medida que Doris Borrego ha calificado de fundamental contra el “efecto llamada” que ha provocado el anuncio del Ejecutivo canario con el anteproyecto de ley y como útil para conocer la situación real del sector desvirtuado por las altas sin uso.
La asociación ha establecido su línea roja en consolidar las viviendas vacacionales existentes, ya que si no se ha llegado al cupo del 10%, “¿qué necesidad hay de excluirlas y generar desempleo y precariedad en Canarias?”, ha explicado.
El sector de la vivienda vacacional, ha ahondado, crea 48.000 empleos y tiene un impacto económico de 2.700 millones de euros “solo en alojamiento directo” más casi 90 millones por IGIC, por lo que ha vaticinado en que si el Gobierno de Canarias establece medidas que lo ahuyenten del mercado “habrá avalancha de demandas y de indemnizaciones que ciframos en 800 millones que pagarán todos los canarios”.
Asimismo, Borrego ha dicho que deben diferenciarse los edificios completos de viviendas vacacionales de los propietarios particulares y que los primeros pasen a ser hoteles o sigan como vacacional “siempre y cuando en el municipio pongan tantas viviendas residenciales como vacacionales posean”.
Por otro lado, el texto de enmienda a la totalidad desliza medidas como legalizar la planta extrahotelera que ha salido del mercado porque gran parte de las viviendas vacacionales dadas de alta son apartamentos o bungalows que sus propietarios sacaron de la explotación turística por “la renta irrisoria que se les abonaba” además del impulso de la lucha contra la oferta ilegal que “da mala imagen al sector turístico”.
En este punto, Ascav propone que Canarias requiera a las plataformas para que no admita o dé de baja a las ofertas sin registro turístico, crear pólizas de seguro y responsabilidad obligatorias para “proteger a los usuarios”, que las viviendas vacacionales en comunidades cuenten con un dispositivo de control de ruidos o el establecimiento de un órgano de mediación en las disputas en estos edificios.
Por último, Borrego ha abogado por la sostenibilidad de las viviendas vacacionales con “objetivos cumplibles y no irrealizables como trae el anteproyecto”, entre los que destacan la renovación de electrodomésticos a clase A, luminarias de bajo consumo o la clasificación de residuos domésticos.
El abogado de la Asociación del Alquiler Vacacional, Javier Valentín, ha apelado a los ayuntamientos a ordenar acorde a criterios de zonificación o densidad máxima, pues se ha llegado a esta situación “porque no han hecho su tarea” y ha tendido la mano al Gobierno de Canarias para llegar a una solución válida para ambas partes.
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