El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través de su consejero Carlos Cabrera, ha mostrado su preocupación ante la elevada cifra de obligaciones económicas que se reconocen y que debe afrontar la Institución Insular provenientes del ejercicio anterior. “La Institución tiene que destinar 12,7 millones de euros de remanente para afrontar las deudas en servicios, suministro de bienes y realización de obras que debe el Cabildo del pasado ejercicio”, explica Carlos Cabrera.
“Cabe destacar que en la liquidación del presupuesto del ejercicio de año 2023, ya se contemplaban unas obligaciones o deudas en facturas y certificaciones que ascendía a 26.5 millones de euros. Ahora, se añaden 12,7 millones de euros que se dividen, por una parte, en más de 8.5 millones que se debe por las obras realizadas en las vías afectadas por el volcán y que no se procedió en su momento al pago; y, por otra parte, más de 4 millones de euros, deuda extrapresupuestaria, en facturas y certificaciones en concepto de trabajos y labores realizadas, en gran parte, por pequeñas y medianas empresas de la Isla no reconocidas ni abonadas en su momento”, continua el Consejero.
“Una parte importante de esta cantidad se podía haber reconocido y abonado en tiempo, el pasado año, pero el equipo de Gobierno prefirió destinar dinero a otros gastos prescindibles, entre ellos 500.000 euros para “La Palma Blue Experience”, teniendo que soportar este daño aquellas empresas y particulares que están esperando su abono. Esto supone un varapalo considerable a la economía insular”, afirma el Carlos Cabrera.
Además, el Consejero recuerda que en 2022 se aprobaron tres expedientes de reconocimiento que hacían un total de 2.8 millones y que en el ejercicio 2023 se aprobaron dos expedientes de reconocimiento de deuda extrapresupuestaria que no superaban 1.2 millones de euros; “Llevamos 5 meses de esta anualidad y ya la cifra asciende a más de 4 millones de euros. Está claro que ambos partidos tenemos una gestión presupuestaria totalmente contraria. No tardaron mucho en caer en el despilfarro y en creer que los ingresos públicos de esta casa son ilimitados”, explica el Carlos Cabrera.
“Queremos destacar y solicitar la celeridad en el pago y sobre todo el compromiso de que se haga efectivo en el tiempo y forma que lo establece la ley. No podemos estar hablando de casi un año en el pago en algunos casos. Es un claro ejemplo de cómo gestiona el actual grupo de Gobierno: rapidez en el gasto improductivo, lentitud exasperante en el abono a los ciudadanos y empresas de las deudas contraídas”, finaliza.
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