UB defiende la legalidad del edificio Los Tarajales

El grupo de Unión Bagañeta (UB) en el Ayuntamiento de Tazacorte defiende la legalidad de Los Tarajales y explica que la concesión de la licencia del edificio fue otorgada por la Junta de Gobierno Local en noviembre de 2005 e informada conforme al documento de planeamiento vigente en ese momento, el Plan General de Ordenación de 2004, que “permitía la concesión de la misma, al tratarse de un suelo urbano consolidado”.

Desde el grupo que Gobierna del Ayuntamiento de Tazacorte, indican en un comunicado que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de junio de 2006, “se refiere simplemente a la autorización del inicio de las obras” y la licencia estaba otorgada desde noviembre de 2005. “La normativa aplicable tanto en el momento de la solicitud como de la resolución de la licencia era la misma, el Plan General de Ordenación de 2004”, matizan desde Unión Bagañeta.

Respecto a la vulneración de la servidumbre de protección, señalan que en el momento de otorgar la licencia, “el deslinde vigente es el contenido en la Orden Ministerial del 25 de octubre de 2001, que fijaba una anchura de servidumbre de protección de 20 metros”. “No es hasta la Orden Ministerial del 17 de julio de 2007, es decir, 2 años más tarde, donde se rectifica la anchura de la servidumbre a 100 metros por aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 2005”, explican.

Sobre las críticas porque el edificio en cuestión “jamás debió obtener licencia”, indican que, “como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia la licencia urbanística es un acto de carácter absolutamente reglado, no es sino un acto declarativo de un derecho preexistente que tiene por finalidad la simple comprobación de que el acto o uso del suelo pretendido se ajusta a la normativa aplicable(…), por lo que a la vista de lo anterior, necesariamente debe otorgarse o denegarse según que la actuación pretendida se adapte o no a la ordenación aplicable, y en ese momento, la normativa de aplicación daba cobertura al mismo”.

Defienden que la licencia se otorgó conforme a la normativa vigente, antes de la Sentencia del TS. Generando además que en la correspondiente concesión de la licencia de obra se aprobara por unanimidad de las fuerzas políticas que integraron dicha comisión. Posteriormente esta licencia no fue recurrida. Concluyen señalando que UB “defiende el interés general y el desarrollo local, apostando por impulsar el sector terciario en el municipio”.