El CSIC y el Gobierno de Canarias firman un protocolo para reducir el riesgo volcánico

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Gobierno de Canarias han firmado un Protocolo General de Actuación con el objetivo de reducir los riesgos volcánicos en la región, según ha informado la institución científica este miércoles.

El acuerdo, firmado por el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Carlos Closa Montero, y el consejero regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, establece una colaboración estrecha entre ambos organismos para prevenir y mitigar los riesgos derivados de la actividad volcánica facilitando el intercambio de conocimiento entre la comunidad científica, ha detallado el Consejo en un comunicado.

Joan Marti Molist, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y responsable del proyecto, ha señalado que este nuevo protocolo “supone integrar los resultados de la investigación científica sobre la actividad volcánica con la gestión de emergencias”.

Entre las acciones acordadas en esta colaboración se incluye la elaboración de mapas de peligrosidad volcánica de las islas Canarias, desarrollados por el Servicio de evaluación y gestión de riesgos naturales.

Estos mapas, que ofrecen una representación visual de las áreas potencialmente afectadas por peligros volcánicos, “son una herramienta crucial para establecer escenarios, diseñar medidas preventivas, priorizar recursos, coordinar intervenciones durante emergencias y aumentar la conciencia ciudadana sobre los riesgos y los protocolos de actuación”, según el CSIC.

El protocolo contempla la elaboración de informes, la creación de grupos de trabajo, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico, la formación de personal técnico e investigador, así como la organización de jornadas y seminarios sobre la reducción del riesgo volcánico.

Marta López-Saavedra, investigadora del IDAEA y miembro del servicio NRAMS, subraya, además, cómo la erupción de La Palma en 2021 evidenció “la falta de concienciación pública sobre los riesgos volcánicos y la necesidad de integrar una perspectiva multi-riesgo en los planes de emergencias, considerando posibles interacciones con otros peligros como terremotos, tsunamis o desprendimientos”.