El Gobierno de Canarias y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) firmarán un protocolo de actuación para ampliar el asesoramiento que los expertos de la institución prestan en materia de riesgo volcánico, y que permitirá contar con su asesoramiento en la evaluación y gestión de todo tipo de riesgos de protección civil.
Así lo han acordado el viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, y el vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Closa, quienes mantuvieron esta mañana un encuentro de trabajo en la sede de la Delegación Insular del Gobierno en Santa Cruz de La Palma, que contó con la presencia de la coordinadora de emergencias del CSIC, Inés Galindo.
En julio de este año el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, suscribió un primer convenio para la evaluación de riesgo volcánico, que permite implicar a la comunidad científica en la diagnosis y el asesoramiento de las catástrofes y emergencias que ocurren en el territorio de Canarias, “por lo que desde hace unos meses trabajamos de la mano en cualquier suceso que amenace la seguridad de los ciudadanos de Canarias, basándonos no solamente en la experiencia y profesionalidad de los técnicos y responsables de la Dirección General de Emergencias, sino también en científicos que respalden y avalen nuestras decisiones”, explicó Marcos Lorenzo.
El acuerdo alcanzado hoy se plasmará en un nuevo protocolo que dará cobertura al trabajo de los investigadores del CSIC, “y nos permitirá integrar los resultados de la investigación científica con la gestión de emergencias, promoviendo un diálogo esencial entre las personas expertas y las responsables de Protección Civil, que permite tomar decisiones informadas, optimizando la planificación y la resiliencia ante los riesgos que sufre la ciudadanía”, según afirmó el viceconsejero de Emergencias.
El CSIC y la Dirección General de Emergencias ya trabajan conjuntamente en la minimización de los daños en erupciones volcánicas, con medidas específicas para estas situaciones como por ejemplo la mejora de la cartografía de peligro volcánico, la promoción social de la investigación y el desarrollo tecnológico en vulcanología, la organización de programas de formación de personal técnico e investigador o la organización de jornadas y seminarios relacionados con la reducción del riesgo volcánico en Canarias.
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