La diputada del Grupo Parlamentario Popular y portavoz en materia de energética, Raquel Díaz, lamenta que la “ineficiente gestión” del anterior del Gobierno del PSOE “hará que Canarias deba asumir costes millonarios por la penosa tramitación de las sanciones por los ceros energéticos”. “Gracias a la imprevisión del consejero Valbuena, los apagones de 2018, 2019 y 2020 en Tenerife y La Palma le van a salir gratis a las compañías eléctricas”, señala en un comunicado.
Díaz se queja de que, una vez más, las consecuencias de un Gobierno “volcado durante toda la pasada legislatura en la propaganda la vayamos a pagar ahora los canarios teniendo que devolver las indemnizaciones más los intereses a las compañías eléctricas por los apagones o ceros energéticos en Canarias desde 2018, al excederse en los plazos ligados a los procedimientos legales”.
“Por no tener en cuenta los tiempos de tramitación de los procedimientos -explica la diputada popular- tendremos que reintegrar más de 50 millones de euros impuestos a las compañías eléctricas responsables de ceros energéticos totales o parciales en las islas desde 2018 con sentencias en firme”.
En este sentido recuerda, que una de las primeras medidas que tuvo que acometer urgentemente el actual gobierno de CC y PP en los primeros días, fue la declaración de cuatro emergencias: la energética, la hídrica, la migratoria y la habitacional, “para intentar dar respuesta a los retos agravados por la dejación del Pacto de las Flores que tenía que afrontar Canarias en cada uno de estos ámbitos”.
Ante esta problemática, quiso destacar que en apenas cinco meses al frente del Gobierno, el actual equipo de Transición Energética modificó la Ley 11/1997 del 2 de diciembre de regulación del sector Eléctrico Canario, con el fin de ampliar los plazos y, de este modo, garantizar mayor seguridad jurídica en todo el procedimiento sancionador, en caso de que se repita este tipo de situaciones.
“Gracias a esto, reiteró Raquel Díaz, el Gobierno podrá contar con plazos más amplios para sancionar a las empresas del sector eléctrico que incurran en algún tipo de infracción muy grave, como la sufrida el pasado mes de julio en la isla de La Gomera, con un apagón general, evitando repetir así los errores del pasado”.
